Jueces para la Democracia propone crear un plan 'progresista' de seguridad ciudadana

BONIFACIO DE LA CUADRAEl secretariado de Jueces para la Democracia propuso ayer la elaboración de un plan nacional de protección y seguridad ciudadana con participación de todas las instituciones y sectores sociales y ciudadanos afectados, que signifique una alternativa progresista en esta materia. La propuesta fue realizada a propósito de la actuación de la juez de Ronda, miembro de esta asociación Olatz Aizpurúa, que ordenó el ingreso en prisión del empresario rondeño Miguel Coronel, medida que Jueces para la Democracia considera que debe ser empleada con extremada prudencia".

El portavoz de Jueces para la Democracia, el magistrado Juan Alberto Belloch, dio cuenta del acuerdo adoptado por el secretariado de la asociación judicial progresista que, "sin entrar a valorar el posible contenido, delictivo o no, de las declaraciones del señor Coronel", dice, considera que contienen acusaciones graves e injustas que no sólo afectan a la concreta titular del referido juzgado, sino que, además, se insertan en el conocido y profundamente reaccionario planteamiento de transferir responsabilidades por el tema de la seguridad ciudadana a quienes no las tienen".Belloch añadió que, de esta forma, Coronel contribuyó "a generalizar la falacia de que la culpa de que exista un problema de semejante entidad estriba en una supuesta debilidad o falta de rigor por parte de los jueces, frente al problema de la delincuencia".

Jueces para la Democracia se manifiesta consciente "de la gravedad del problema" y "de la justificada sensibilidad pública" ante el mismo y considera "profundamente negativo alentar un clima de hostigamiento y descalificación de las instituciones democráticas y, desde luego", agrega, "decididamente irresponsable realizar llamamientos a una actitud de insurrección civil". Por el contrario, estima preciso "trabajar con seriedad en la elaboración solidaria de un plan nacional que dé una alternativa progresista en materia de protección y seguridad ciudadana, con participación de todas las instituciones y de todos los sectores sociales y ciudadanos implicados".

Por lo que se refiere a la orden de prisión dada por la juez Aizpurúa, Jueces para la Democracia "recuerda una vez más su opinión de que la medida de prisión preventiva debe tener un carácter excepcional que debe ser valorado con extremada prudencia en cada caso por el juez competente, sin que, frente a la referida medida, quepa otra vía de control que la de los correspondientes recursos ante la autoridad judicial". Para que tal control no quede vacío de contenido, Jueces para la Democracia estima "imprescindible introducir las oportunas reformas procesales que garanticen una prioridad absoluta en la resolución de tales recursos por las audiencias provinciales".

Suprimir el desacato

En relación al presunto delito de desacato que dio origen al encarcelamiento de Coronel, la asociación judicial progresista considera necesario proceder a su descriminaliz ación, "por entender", dice, "que las autoridades, incluidas las judiciales o sus agentes, no deben gozar, frente a eventuales calumnias, injurias o amenazas, de una protección específica distinta a la que corresponde al resto de los ciudadanos".

Por último, Jueces para la Democracia se reafirma "en la necesidad de que tal clase de conducta sea enjuiciada exclusivamente a través de la institución del jurado".