Nacionalidad sospechosa

Los países de la Comunidad Europea (CE) estudian la homologación de sus normas de concesión de asilo y refugio político con vistas a la eliminación de las fronteras interiores en 1992, según un anteproyecto preparado por una comisión de expertos por encargo de la CE para elaborar una directiva comunitaria. Su principal novedad reside en la simplificación para tramitar determinadas peticiones y en la posibilidad de rechazar con urgencia en la frontera en determinados supuestos, según propuesta española. De aceptarse, modificaría la legalidad vigente, que obliga a admitir en territorio español a los solicitantes mientras se resuelve el expediente.

España apoyará que existan procedimientos de no más de 15 días de duración para rechazar determinadas solicitudes, según el presidente de la Comisión de Asilo y Refugio, David León Blanco. Los países, del sur de Europa suelen ser las primeras escalas de los buscadores de refugio procedentes de Oriente y África, los más numerosos. El primer país libre al que llega el peticionario de refugio tiene la responsabilidad de tramitar el expediente, y su resolución afectaría a todo el territorio de la Comunidad Europea, según el citado anteproyecto.La propuesta española implica que se puedan tramitar urgentemente casos en supuestos tan amplios como "solicitud notoriamente fraudulenta" o "pruebas indocumentadas". Precisamente la mayoría de las denegaciones de asilo o refugio se basan en la falta de pruebas, un tema que hace kafkiana la petición de refugio, que implica precisamente situaciones humanas límite.

Un joven salvadoreño se lamentaba ante este periódico de que le exijan que documente que estuvo en la guerrilla salvadoreña antes de llegar a España y que la herida que tiene en una pierna es producto de un enfrentamiento bélico. "En la guerrilla no nos dan certificados, pero si me devuelven a El Salvador el ejército no me los va a pedir".

Ante la pregunta de si la propuesta española no implica presunción de culpabilidad (creer que el peticionario miente), en contra del principio legal de presunción de inocencia, León Blanco, hasta hace unos meses director general de Tráfico, responde que ello supondría admitir que los millones de habitantes de los países en conflicto tendrían derecho al asilo, y que se ha de salvaguardar que la concesión del refugio sea únicamente para aquellos notoriamente perseguidos. "Un ciudadano iraní, por ejemplo, no puede ser refugiado por sólo ser de esa nacionalidad si no ha hecho una actividad notoria de oposición al régimen". Es decir, si antes no se ha jugado la vida.

León Blanco admite que los Gobiernos se ven obligados a adoptar medidas disuasorias porque el que fuese más permisivo se convertiría en punto de mira de millones de personas, aunque ello vaya a veces contra razones morales.

La exclusión inmediata existe ya de hecho en los países de la CE, según denuncian las organizaciones no gubernamentales de ayuda a los refugiados, ya que las autoridades gubernativas suelen ampararse en que el peticionario ha hecho escala previa en otro país firmante del Convenio de Ginebra sobre refugio o en su presunto cariz delictivo para rechazar la solicitud sin conocimiento de la autoridad judicial.

Casos como el del ciudadano colombiano casi ciego, rechazado en el aeropuerto de Barajas (Madrid) el pasado mes de diciembre y devuelto a su país pese a que su solicitud de refugio venía avalada por el secretario general del Episcopado colombiano (ver EL PAÍS del pasado 8 de marzo), son sólo la punta del iceberg, según denuncian diversas, fuentes.

Tierra de nadie

Una estampa habitual en el aeropuerto de Barajas, según informan trabajadores del mismo que prefieren mantener el anonimato, es la de extranjeros en el área de tránsito a los que no se deja continuar viaje hacia su lugar de destino o tramitar su solicitud de refugio en España, y que esperan en el área internacional de los aeropuertos ser devueltos a su lugar de partida o a la escala previa, casi siempre sin que su caso trascienda de las fronteras de esa tierra de nadie. La presión sobre los trabajadores de los aeropuertos para que identifiquen a los pasajeros con visados falsos es "agobiante", según estas fuentes. El visado falso es la principal arma utilizada, por aquellas personas que buscan refugio en los pocos países que mantienen aún legislaciones blandas para la concesión de asilo. Éste el caso de Canadá, país elegido por un gran número de buscadores de refugio, ya que todos los que pisan tierra canadiense suelen tener asegurado el asilo.

Las autoridades canadienses intentan disuadir a los peticionarios mediante la exigencia de visado de entrada y multan a las compañías que transportan a pasajeros con visados falsos. Un télex enviado a todas las delegaciones de Iberia el pasado mes de septiembre informaba que la multa a la compañía por cada pasajero transportado por Iberia a Canadá con documentos falsos era de 5.000 dólares canadienses (casi medio millón de pesetas). En muchas ocasiones los viajeros que han logrado sortear todas las escalas destruyen sus documentos antes de llegar a Canadá. Habitualmente no podrían salir de su país sin falsificar los documentos, para lo que en ocasiones tienen que pagar cifras astronómicas.

Esta situación y el celo mostrado por las naciones occidentales para restringir la afluencia de emigrantes, como denunciaba el último informe anual de Amnistía Internacional, ha llevado a extremar el control sobre personas únicamentes por ser ciudadanos de naciones con un alto número de buscadores de refugio y a fotocopiar sus documentos para evitar que los destruyan.

En una carta firmada por un alto cargo de Iberia el pasado 28 de septiembre se dice: "Los agentes de embarque harán fotocopia de los pasaportes dudosos, así como aquellos que porten los pasajeros cuya nacionalidad pueda prestarse a sospecha" (la cursiva es nuestra).

Listas negras

Otro ejemplo: en un télex se señala: "Especialmente deberán controlar visados y permisos estancia Alemania siguientes nacionalidades en lista negra: Irán, Iraq, India, Pakistán, Afganistán, Sudán, Turquía, Sri Lanka, Bangladesh, Cuba".

También ha trascendido que expertos canadienses han adiestrado a policías y funcionarios de aduanas de diversos países, entre ellos España, para reconocer las documentaciones que son falsas.

El citado anteproyecto de directiva comunitaria, que está siendo discutido curtido en diversos niveles de la CE, prevé la creación de un comité comunitario al que podrían apelar los solicitantes de refugio a los que se haya denegado la solicitud, con el fin de asegurar que los procedimientos sean comunes en todos los países de la CE. Sin embargo, no queda claro cómo este comité podría actuar de aprobarse el trámite de urgencia. El espíritu de la directiva es frenar "el abuso del derecho de asilo sin negar éste", aunque el hecho constatado es que las naciones occidentales lo han restringido en los últimos años.