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Sueldos embargados

Los dirigentes de Alianza Popular aseguran que el sonrojante episodio del pasado jueves en el Congreso, en el que se invalidó una votación por falta de diputados, no ha sido el motivo que llevará a tomar medidas disciplinarias en su grupo. Los planes para evitar el absentismo están preparados desde hace tiempo, aunque será en las próximas semanas cuando se pongan en práctica. Además de amonestaciones personales -apelando a la responsabilidad de cada diputado y al compromiso que tienen contraído con sus votantes- y las sanciones económicas, la nueva política de personal de los aliancistas se plasmará en la próxima legislatura, porque, apelando a los principios jurídicos de la no retroactividad de las leyes, todavía habrá cierta manga ancha en lo que resta hasta las próximas elecciones.Un dirigente aliancista aseguró las muchas posibilidades de que prospere una cláusula que tendrán que acatar todos los candidatos al Congreso y al Senado cual es la firma de un documento por el que su sueldo pasará de las arcas de la institución al grupo parlamentario y no a su cuenta personal. De esta manera la dirección del grupo podrá retraer mensualmente las cantidades a las que haya lugar si es que el parlamentario en cuestión ha registrado faltas sin justificar.

La lista de firmas

Que los aliancistas van en serio se pone de manifiesto en el texto que han elaborado, presentado en forma de proposición de ley, con su alternativa al actual Reglamento del Congreso. El capítulo de Derechos y deberes de los diputados señala: "Se afronta el problema de la inasistencia mediante el establecimiento de un control de firmas y su publicación periódica en el Boletín Oficial de la Cámara".

Asimismo, se prevé un sistema de sanciones progresivas para corregir las faltas de asistencia reiteradas. Este principio general es recogido en el artículo 15 del reglamento con la precisión de que al comienzo y al final de las sesiones del pleno y de las comisiones, "bajo la custodia de un miembro de la mesa respectiva, se expondrá una lista que deberá ser firmada por los diputados".

Los parlamentarios del PSOE observan la práctica de la firma desde 1982, fecha desde la que también rige un sistema de multas por faltas de asistencia sin justificar. La falta de asistencia a un pleno equivaldrá a que al parlamentario en cuestión se le descuenten a final de mes 15.000 pesetas, y 10.000 si se trata de una comisión.

Por reiteración de faltas sin justificar el comité permanente del grupo parlamentario puede acordar la duplicación de la multa. Todos estos supuestos son susceptibles de recurso de los afectados ante la dirección del grupo, que decidirá si la causa es justificada o no. De esta disciplina están liberados el presidente, el vicepresidente del Gobierno y los ministros, aunque a estos últimos se les suele requerír cuando se trata de votar leyes orgánicas. También estaba libre de control el secretario general de UGT, Nicolás Redondo mientras fue diputado.

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