Los socialistas abandonarán la reforma del reglamento del Congreso tras la ruptura de negociaciones con AP

La ruptura de las negociaciones entre Alianza Popular, el PSOE y Minoría Catalana tendentes a modificar el reglamento del Congreso se materializó ayer formalmente con la presentación por parte de los aliancistas de una proposición de ley cuyo texto articula un nuevo reglamento, en el que destacan sanciones económicas para los diputados con ausencias reiteradas, resta competencias al presidente del Congreso y se establece para la constitución de comisiones de investigación la voluntad de dos grupos y no de la mayoría.

Fuentes socialistas aseguraron que, así las cosas, se abandonará la, reforma del reglamento, al no haber un acuerdo total entre los diferentes grupos, condición inexcusable que puso el PSOE cuando se abordó la posibilidad de tal reforma.El portavoz de AP en el Congreso, Juan Ramón Calero, no quiso ayer hablar de ruptura, sino de "consunción". Esto es, la comisión constituida para reformar el reglamento del Congreso, a resultas de un pacto previo entre AP, el PSOE y Minoría Catalana, tenía como objeto elaborar un nuevo reglamento antes del 31 de marzo.

Toda vez que en las últimas reuniones se puso en evidencia que no quedaba resquicio alguno para el acuerdo, los populares decidieron cumplir el compromiso que se habían autoimpuesto y presentar su propia reforma antes de la fecha citada. Éstos no ocultan que el escollo insalvable han sido las comisiones de investigación.

En el texto presentado ayer por el secretario general del Grupo Popular, Francisco Álvarez Cascos, inspirador del mismo, se establece respecto de estas comisiones la siguiente fórmula: "El Congreso, a propuesta del Gobierno de la Mesa, de dos grupos parlamentarios o de la quinta parte de los miembros de la Cámara, está obligado a crear una comisión de investigación sobre cualquier asunto de interés público".

Los socialistas han mantenido por encima de cualquier circunstancia la prerrogativa del grupo mayoritario de acceder o no a la creación de una de ellas. No obstante, éstos recuerdan que desde su mandato tan sólo se han opuesto a la creación de dos comisiones, la referente a la desaparición de Santiago Corella, el Nani, y la del proceso reprivatizador de Rumasa.

Toda vez que AP se mantiene inflexible en el punto de estas comisiones y que el CDS se negó desde el primer momento a participar en esta negociación, el Grupo Socialista tiene previsto dar por zanjado este asunto y no abordar en solitario ni imponer con sus votos una reforma del reglamento.

Esto no significa que en lo que resta de legislatura no se vuelva a hablar de la reforma, ya que la presentación ayer por parte del Grupo Popular de esta proposición de ley abrirá necesariamente el debate tras las vacaciones de Semana Santa.

En su texto, los populares introducen modificaciones de aspectos que, según el reglamento vigente, les han perjudicado, tras la ruptura de Coalición Popular y su desmembramiento en tres grupos. "En respeto de la voluntad electoral del pueblo español, los diputados que abandonen un grupo parlamentario no podrán incorporarse a otro, con excepción del Mixto, durante el transcurso de la legislatura", escriben los populares en uno de los artículos.

Asimismo, en el capítulo relativo a la disciplina parlamentaria se señala que la Mesa del Congreso, al inicio de cada legislatura, acordará las normas reguladoras de un sistema de sanciones económicas progresivas, así como sus cuantías, para corregir las faltas de asistencia reiteradas.

El controlador controlado

Los populares retraen de las funciones del presidente del Congreso las relativas a los aspectos financieros, como gastos de protocolo y presupuesto de la Cámara. Según explicó el secretario general del grupo, Álvarez Cascos, se crea la figura de los cuestores, que deberán ser miembros de la Mesa y los encargados de estas funciones económicas.

Álvarez Cascos ilustró la presentación del texto con un preámbulo con consideraciones políticas que trataban de diferenciar esta legislatura de la anterior. A su juicio, la anterior se caracterizaba por los debates de las grandes leyes, mientras que en esta legislatura el protagonismo parlamentario lo tiene el control al Gobierno. Según su juicio, el reglamento "ha sido el instrumento decisivo para facilitar retrasos, denegar iniciativas y obtener ventajas, siempre en beneficio del Gobierno. Puede afirmarse sin exageración que el controlado prevalece sobre sus controladores", dijo Álvarez Cascos.