Médicos en paro

El número de médicos generales en paro en el territorio nacional sobrepasa la cifra de 25.000. Y hay que hacer la especificación de médicos generales, porque el paro médico en nuestro país afecta casi exclusivamente a éstos, que no a los especialistas, de los que existe incluso necesidad, como puede comprobarse por la demanda creciente que de ellos se hace en las ofertas de empleo de los diarios y revistas (tanto de difusión general como profesional), y por la ausencia de solicitudes en las bolsas de empleo de la mayoría de las especialidades (lo que llega a producir anécdotas de todo tipo, como la sucedida en una localidad de la provincia de Sevilla, en la que un médico especialista condenado a un período de suspensión de empleo y sueldo ha tenido que cumplir su condena ocupando su puesto de trabajo por falta de otro especialista que se hiciese cargo de atender su consulta de la Seguridad Social).Sin embargo, éste parece ser el país de las paradojas. Y digo esto porque más de 3.000 médicos de los que nos encontramos en paro poseemos formación especializada, adquirida en los distintos servicios de las instituciones sanitarias de nuestro país y siguiendo los programas oficiales de cada especialidad, todo ello probado documentalmente ante los Ministerios de Sanidad y Consumo y Educación y Ciencia, que se reparten las competencias en esta materia, y, no obstante, estos ministerios no establecen los cauces necesarios para la valoración objetiva de dichas pruebas documentales con vistas al reconocimiento de esta formación con el correspondiente título-oficial.

Por nuestra parte, los citados 3.000 médicos que padecemos esta frustrante situación desde hace ya cuatro años, en la que vemos cómo los puestos de trabajo que podríamos ocupar por nuestra formación se nos escapan de las manos por falta de titulación, tenemos cifrada nuestra esperanza en la futura ley de especialidades médicas. Pero mientras que la ley general de Sanidad (publicada en el BOE de 29 de abril de 1986), en su disposición final primera daba al Gobierno un plazo de 18 meses para "regularizar, aclarar y armonizar" la maraña de textos legales que regulan la formación médica especializada, la nueva regulación legal que debería surgir de ésta actuación gubernamental se retrasa más y más, haciendo insostenible nuestra frustrada situación.-