Muerte en el paso a nivel

LAS VACACIONES de Semana Santa no han podido tener un comienzo más dramático. La estadística mortal que acompaña el frenesí viajero de este período, y que los centros de diagnosis de tráfico adelantan con precisión casi matemática, ha tenido el horrible preludio de un autocar escolar arrollado por un tren en un paso a nivel sin barreras. El balance: 15 personas muertas, en su mayor parte niños en edades comprendidas entre tres y seis años, y otras 15 heridas de diversa consideración.Cuando un accidente así se produce -y por desgracia no son pocos los ocurridos en la última década en esos puntos negros de intersección de vías férreas y carreteras que son los pasos a nivel-, las explicaciones oficiales tienden a atribuirlos poco menos que a la fátalidad. Son, empero, el mal estado de la red, la insuficiencia y vetustez del material ferroviario, la infraestructura obsoleta y cosas por el estilo los verdaderos responsables de las catástrofes. En el accidente de Lérida, el paso estaba bien señalizado,, había visibilidad y es plausible acusar al error humano de lo sucedido. Pero la no admisión de ningún tipo de responsabilidades políticas en ocasiones recientes -recuérdese el choque en la estación de Valladolid- y la pasividad permanente del Gobierno socialista en la política viaria hacen sospechar que con gente más capaz en el Gobierno y con mayor sensibilidad moral ante estos hechos -que cuestan mucha más sangre y destrozos a la sociedad que el terrorismo- las cosas serían diferentes.

Por eso las explicaciones que Renfe ha dado en esta ocasión no sirven de consuelo alguno. El paso a nivel donde se produjo el arrollamiento está eximido de contar con guarda o barrera, de acuerdo con la normativa internacional; se encuentra en medio de una propiedad agraria particular, y la señal de stop situada antes del mismo no fue respetada por el conductor del autocar siniestrado. Todo estol repetimos, es verdad. Pero no logra ocultar la otra cara de la moneda: la persistencia de una política ferroviaria que no se toma en serio la supresión de los pasos a nivel (con barrera o sin ella) que todavía pueblan la geografía española -algunos en carreteras de primer orden-, y cuya urgente rectificación viene exigida por el deber de los gobernantes de garantizar la seguridad y la vida de los ciudadanos.

Hace ya siete años que un presidente de Renfe declaraba enfáticamente que la seguridad del ferrocarril ha de ser siempre igual a cien, es decir, total. El constante mentís de este aserto en los años posteriores por choques, descarrilamientos y atropellos, con un cuantioso balance de víctimas, no ha llevado a la Administración pública mucho más allá del pago de indemnizaciones, cuando no ha podido zafarse de ellas, y del reparto de condolencias.