Bandrés y Sartorius acusan al Gobierno de romper el consenso sobre la ley antiterrorista

El Gobierno consiguió ayer el apoyo de los grupos de la oposición de derecha y centro, frente a la actitud adversa de los partidos a su izquierda y los nacionalistas vascos, para aprobar en el Pleno del Congreso el traslado al Código Penal y a la ley de Enjuiciamiento Criminal de varias normas excepcionales de la ley antiterrorista. Juan María Bandrés, de Euskadiko Ezkerra, y Nicolás Sartorius, de Izquierda Unida, acusaron al Gobierno de haber roto el consenso alcanzado en el pacto antiterrorista para la reforma de esta legislación.

Sartorius y Bandrés anunciaron que van a hacer "cuanto esté en su mano" para que se presenten recursos de inconstitucionalidad, a través del Defensor del Pueblo o de los Parlamentos vasco y catalán, a estas reformas legales. También anunció esa misma, intención Joseba Azkárraga, de Eusko Alkartasuna, partido que no firmó el pacto antiterrorista de noviembre pasado.Después de haber mantenido una actitud de oposición firme, el CDS apoyó las propuestas gubernamentales, tras una conversación celebrada por la mañana entre José Ramón Caso y Agustín Rodríguez Sahagún con el ministro del Interior, José Barrionuevo. En esté encuentro, el PSOE se comprometió a revisar en el Senado algunos de los preceptos que fueron aprobados ayer por el Congreso de los Diputados.

El grupo socialista anunció desde la tribuna de oradores su disposición a negociar una redacción más precisa y rigurosa de los tipos de delitos relacionados con la actividad terrorista, así como una "fórmula más adecuada" que la establecida ahora para permitir la ocupación policial de un domicilio sin autorización judicial previa en casos de "excepcional urgencia y necesidad".

Esta autorización fue uno de los aspectos más criticados por casi toda la oposición, por afectar a un derecho fundamental como es la inviolabilidad del domicilio, en expresión de Joseba Zubía (PNV); por su presunta inconstitucionalidad, en opinión de Juan María Bandrés (EE), y por la imprecisión respecto a quién juzga la urgencia y excepcionalidad de cada caso, según resaltó Llibert Cuatrecases (Minoría Catalana).

Lo mismo sucedió con el precepto que permite al ministerio fiscal, mediante un simple recurso, dejar sin efecto, por un período máximo de tres meses, una decisión judicial de puesta en libertad de presuntos terroristas. Sartorius resaltó que el Gobierno se equivoca con esta pretensión, porque probablemente estimulará las movilizaciones y manifestaciones de solidaridad con personas encarceladas sin que exista una resolución firme de encarcelamiento contra ellas. El PSOE rechazó la propuesta de que el plazo de suspensión de la excarcelación se reduzca a pocos días.Cargos públicos

El portavoz de IU consideró como un "miniestado de excepción" el hecho de que durante 72 horas el ministro del Interior, en caso de urgencia, pueda controlar antes de cualquier autorización judicial las comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas de presuntos terroristas y de cuantas personas éstos puedan servirse. Bandrés ironizó a este respecto: "El que no tenga el teléfono pinchado está ahora mismo socialmente perdido, porque quiere decir que no es una persona importante", dijo. El portavoz de EE llegó a afirmar que el proyecto de reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal "no está redactado por juristas sino por policías [tesis que al igual que otras también críticas compartió Luis Mardones, de las agrupaciones canarias independientes], que no deroga la ley antiterrorista y que supone "una broma legislativa de mal gusto".

Hubo también críticas, entre los nacionalistas e Izquierda Unida, al precepto que suspende automáticamente de su cargo público a quien haya sido objeto de un auto de procesamiento y decretada su prisión provisional por presunto delito de terrorismo.

Por su parte, el PSOE anunció una proposición no de ley que comprometa al Gobierno a comparecer periódicamente en el Parlamento para informar del uso de las prerrogativas contenidas en esta legislación excepcional El socialista Carlos Navarrete reconoció que . estamos ante una legislación excepcional y de emergencia".

Pese a apoyar la filosofía de la reformas promovidas por el Gobierno, el grupo de la Minoría Catalana se abstuvo en la votación de varios preceptos, si bien apoyó globalmente la ley en la votación final. Con el PSOE votaron a favor de las tesis gubernamentales AP, CDS, el Partido Liberal y la Democracia Cristiana.