La muerte anunciada

SUCESOS COMO la muerte a tiros en plena madrugada de dos personas en una zona céntrica de Madrid, prácticamente tomada a esas horas por la más variada delincuencia, sacuden la conciencia popular no ya porque constituyan la gota que colma el vaso de la paciencia ciudadana ante la cada vez más alarmante falta de seguridad en las calles sino porque en este caso se trata de unas muertes perfectamente anunciadas. Que se produzcan asesinatos en la gran ciudad en un número cada vez mayor reclama del Gobierno la adopción de medidas urgentes si no quiere perder en el asfalto el crédito que ganó en las urnas; que esos asesinatos sucedan en determinadas zonas de las ciudades, perfectamente delimitadas, ole sobra conocidas -por la policía y otros agentes gubernamentales, utilizadas por éstos para la recluta de confidentes y personajes de esa laya, es algo que sólo puede ser calificado de grave irresponsabilidad o de complicidad en alguno de sus grados.Desde hace algunos años las encuestas señalan que la inseguridad ciudadana es el problema que más preocupa a los habitantes de los grandes centros urbanos. Lo que no quita para que reacciones como la de la universidad Complutense de Madrid, que suspendió ayer las clases en señal de protesta, resulten no sólo inútiles sino además grotescas. En Madrid los homicidios y asesinatos se acercan año tras año al centenar, los asaltos a domicilios rondan los 10.000, y los atracos en la vía pública denunciados en 1987 son casi 15.000. Otras grandes ciudades como Barcelona, Sevilla, Valencia o Málaga ofrecen estadísticas proporcionalmente semejantes.

España se ha aproximado en el terreno de la delincuencia a la media estadística de las sociedades desarrolladas. Ya no puede decirse que estemos por detrás de los países europeos en este capítulo. Es más, los hemos aventajado en la denominada delincuencia callejera, que asola las ciudades con el asalto navajero, el atraco, el tirón o el persuasivo método de dame lo que llevas o te rajo. Con retraso pero con gran efectividad, la vieja estampa de la calle neoyorquina de los años sesenta, en la que el delincuente era el rey, se ha trasladado finalmente a ciertas zonas de las grandes ciudades españolas. Con la denominación más tradicional de barrio chino, o con las más modernas de triángulo de la muerte o zonas del miedo, estos lóbregos guetos urbanos van proliferando. El ciudadano que vive en ellos se ve obligado a partir de ciertas horas a recluirse tras la puerta blindada o bien atrancada de su domicilio, y el que se aventura a transitar por sus calles lo hace apresuradamente y con el ojo avizor ante lo que pueda ocurrirle. Las mafias de la prostitución, de la droga o de la estafa han sentado sus reales en estas zonas y amenazan con expulsar de ellas al ciudadano normal, sea vecino o visitante. Y ello ante la insufrible pasividad de las autoridades competentes.

En el último debate sobre el estado de la nación, Felipe González propuso prácticamente como única receta el aumento de los efectivos policiales. Es más que dudoso que lo que no pueden o no saben hacer 50.000 policías nacionales, 63.000 guardias civiles y varios miles de policías municipales y autonómicos se resuelva con algunos cientos o miles más. España sufre una inflación policial en relación con los países de su entorno. No son más efectivos policiales lo que se necesita, sino una mejor utilización de los existentes para acabar con el descontrol, la corrupción y las posibles complicidades con el crimen organizado. Desde hace un tiempo la población penitenciaria aumenta en 1.000 reclusos cada mes hasta rondar actualmente los 30.000. ¿Cuál será el número de presos que habrá que alcanzar para que Barrionuevo y sus ayudantes asuman ante la sociedad la responsabilidad que les corresponde en la protección de los españoles? Evidentemente no está en manos de la policía erradicar las causas de la delincuencia. Pero la seguridad de las calles es una tarea que sólo le compete a ella.