AP renuncia a plantear en las Cortes casos concretos de tráfico de influencias

Alianza Popular ha renunciado a denunciar, cuando se constituya la comisión parlamentaria sobre tráfico de influencias casos concretos de personas que hayan podido beneficiarse en sus actividades privadas por tener información privilegiada de la Administración en virtud de los cargos que ocuparon anteriormente. Alianza Popular optará, en consonancia con el PSOE, por la revisión de la ley de incompatibilidades y la adopción de normas para controlar el patrimonio de los parlamentarios y los altos cargos de la Administración central, autonómica y local.

Hoy, martes, el pleno del Congreso dará vía libre a la creación de esta comisión, que tendrá que elevar sus conclusiones al pleno antes de junio.El PSOE regulará sus criterios internos en un próximo reglamento de comportamiento de los cargos públicos.

El Grupo Parlamentario Socialista ha urgido al Grupo Popular con objeto de que se discuta esta semana la proposición de ley de los conservadores tendente a crear esta comisión. Para que esta iniciativa se debata mañana, los conservadores han tenido que saltar cuatro iniciativas que debían haber entrado antes que ésta. "El PSOE ha querido que esto se trate cuanto antes porque no quieren que se siga hurgando en la herida", dijeron portavoces del grupo conservador.

Lo cierto es que existe ya un pacto de palabra para que no prospere el texto de la proposición no de ley de los conservadores. Pero éstos aceptarán el texto que presente, como enmienda, el Grupo Socialista.

La proposición de los conservadores pedía que se constituya una comisión de investigación para que entre otras cuestiones se endurezca la ley de incompatibilidades de forma que un alto cargo de la Administración al dejar de serio tenga que estar tres años sin ejercer una profesión en la que pudiera utilizar sus conocimientos o contactos adquiridos en la etapa de servidor público.

En el preámbulo de su iniciativa se hacía referencia expresa al ex director general de RTVE, José María Calviño, actualmente promotor del Canal 10 de televisión, como ejemplo de un caso que se debía evitar para el futuro. "Queda descartado hablar de Calviño o de otros casos, porque la responsabilidad es de individuos concretos y no de grupos políticos", opina un dirigente conservador.

El Grupo Popular, en línea con el PSOE, espera que de esta comisión de investigación salgan reformas legislativas. Asimismo, se arbitrarán las fórmulas para controlar el patrimonio de los políticos "exigiendo que se cumplan estrictamente las funciones de la comisión del estatuto del diputado y que aproximadamente cada seis meses se revise el patrimonio de los parlamentarios y se dicten normas, al margen de las Cámaras, para subsecretarios y otros cargos que ahora no están bajo control", reconocieron fuentes socialistas.

En lo que respecta a los políticos que actúan en el ámbito autonómico y local, los partidos estatales "orientarán" instrucciones para que se arbitren mecanismos similares.

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Juan Ramón Calero, será el representante de su grupo en esta comisión y reconoce que hay que actuar con "extremada delicadeza". "Hay que adoptar medidas para controlar el patrimonio de los políticos para que la sociedad perciba que existen estos controles, pero no podemos caer en acusaciones cuando no hay pruebas, porque eso sería disminuir el papel del Parlamento", afirmó.

Reglamento socialista

Este portavoz no tiene inconveniente, como propondrá el PSOE, en que se examine la aplicación de las incompatibilidades desde 1977. "Si alguien de AP se ha beneficiado del tráfico de influencias, que lo digan y lo expulsamos. Ahora, si de AP se expulsan a diez o doce, el PSOE tendría que expulsar a 10.000", afirmó en tono que pretendía ser humorístico.

A este respecto, el secretario de Organización del PSOE, Txik¡ Benegas, señaló que el partido reiterará criterios de austeridad, sobre los que vienen insistiendo desde hace mucho tiempo y citó como una iniciativa a corto plazo la elaboración del reglamento de comportamiento de los cargos públicos. Benegas se lamentó de que hubiera comentarios ligeros sobre la actuación de la clase política cuando no se dan pruebas.

En estos supuestos citó expedientes a concejales y alcaldes, el caso de las loterías y la sustitución del ex presidente de la comunidad autónoma de Murcia.