El Gobierno prohíbe que la escolta de Pujol esté armada en el viaje que realiza a Italia

La negativa del Gobierno central a permitir que los agentes de la policía autonómica catalana que escoltan al presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, en su viaje a Italia vayan armados ha provocado un grave conflicto entre las dos administraciones y ha colocado las negociaciones sobre la Junta de Seguridad -órgano mixto de coordinación entre las policías autonómica y estatal- al borde de la ruptura.

Pujol viajó a Milán el lunes y durante su estancia en Italia visitará también Roma, donde se entrevistará con el presidente, Francesco Cossiga.La decisión del Gobierno de no permitir que los agentes autonómicos del servicio de escoltas lleven consigo sus armas reglamentarias en sus desplazamientos al extranjero constituye un giro de 180 grados en relación a lo que, hasta ahora, venía siendo una práctica habitual, Fuentes de la Delegación del Gobierno en Cataluña declararon ayer que la costumbre de desplazarse al extranjero con una escolta armada es "una práctica irregular de la que jamás habíamos sido informados". La Generalitat, por el contrario, manifestó que la Administración central siempre ha estado informada, a la vista de que la licencia de armas temporal, que deben otorgar las autoridades del país visitado, se ha tramitado en todos los casos a través de las respectivas embajadas españolas.

Fuentes de la Delegación del Gobierno negaron ayer haber inspirado, como apuntaron fuentes de la Generalitat, la decisión gubernamental. La delegación se limitó, según las fuentes informantes, "a efectuar las gestiones que le fueron encomendadas por el Ministerio de Exteriores".

En virtud de este mandato, la delegación comunicó a la Generalitat su deseo de que no se tramitaran nuevas peticiones a embajadas firmadas por un jefe operativo de los mossos; recordó que la policía autonómica debe limitar sus actuaciones a Cataluña; hizo notar que la Junta de Seguridad jamás había autorizado un servicio de escolta en el extranjero; informó de que la protección de las autoridades españolas en el exterior debía cubrirse de acuerdo con los convenios internacionales y se ofreció para solicitar a las autoridades italianas el servicio de protección que la Generalitat necesitara.

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