Cartas marcadas para el defensor

LA BATALLA que viene librándose en tomo a la continuidad o no de Joaquín Ruiz-Giménez como defensor del pueblo podría considerarse algo perfectamente normal en la vida política si no revelase preocupantes síntomas de mercadeo partidista en un asunto en el que debería primar, sobre todo, el interés por asegurar la utilidad de una institución democrática que tantas esperanzas suscitó. Desgraciadamente, no parece ser la institución misma o su servicio al ciudadano, sino la colocación de personas próximas o la obtención de otras ventajas, el criterio determinante de la actitud de los partidos en la negociación, forzada por la mayoría cualificada exigida para el nombramiento.Desde el mismo momento en que, en diciembre pasado, concluyó el mandato de Joaquín Ruiz-Giménez, el PSOE ha bregado por imponer a su candidato a la sucesión: Álvaro Gil-Robles, primer adjunto a Ruiz-Giménez y redactor, por encargo de los, socialistas, del borrador de lo que se convertiría, en abril de 1981, en la ley que regula la institución del Defensor del Pueblo. Nada hay que objetar a esta decisión del partido del Gobierno. Deja entrever, sin embargo, el afán por colocar al frente de la institución a una persona que sintonice mejor con el pragmatismo que caracteriza el ejercicio del poder de los actuales gobernantes. No es que Ruiz-Giménez haya sido especialmente beligerante con el poder político en los cinco primeros años de la historia de la institución. Más bien lo contrario cabe deducir de su negativa a recurrir la ley antiterrorista, vergonzoso episodio que resultó más revelador que miles de declaraciones de principios y que contribuyó a desacreditar esa institución apenas nacida.

Sin embargo, el desfase generacional entre los actuales gobernantes y Ruiz-Giménez, y la inclinación de éste a subrayar ciertos gestos de independencia -como su informe sobre la situación de las cárceles o la reciente y confusa reivindicación de la amnistía en un coloquio sobre Euskadi-, han pesado finalmente más que otras consideraciones. El PSOE prefiere un defensor del pueblo, si no más dispuesto a plegarse a las exigencias del poder, sí menos imprevisible.

Pero quien peor parado queda en esta historia es el grupo parlamentario de Alianza Popular, que, de un extraño apoyo a Ruiz-Giménez, por considerar que "no existían razones objetivas para su sustitución", ha pasado a una no menos extraña aceptación del candidato del PSOE. Para que se haya producido un cambio tan sustancial ha bastado con la promesa de que la actual adjunta segunda del defensor del pueblo, Margarita Retuerto, promovida a este puesto en 1983 por Alianza Popular, pase a desempeñar el puesto de adjunta primera. Por eso, cuando dentro de algunos días el Congreso deba elegir con una mayoría de tres quintos de sus diputados al futuro defensor del pueblo, las cartas estarán ya marcadas de antemano. Socialistas y aliancistas, con el apoyo suplementario de Minoría Catalana, que no se sabe qué obtendrá a cambio pero que algo será, se bastarán y sobrarán para designar al sucesor de Ruiz-Giménez al frente de la institución del Defensor del Pueblo.

En todo caso, no estaría de más que el partido del Gobierno y el resto de los grupos parlamentarios mostrasen por el funcionamiento eficaz de la institución del Defensor del Pueblo el mismo celo de que han hecho gala en la designación de quien la ha de dirigir. En este sentido, una de las primeras medidas que deberían arbitrarse es la reforma de la ley que la regula, en el sentido de atribuir a su titular más poder en sus relaciones con la Administración. Nada es más lógico y deseable si se quiere que no sea una institución vacía y, a la postre, frustrante para los ciudadanos. El futuro de esta institución depende, además del buen acierto de quien la dirija, de su enraizamiento en la sociedad, pero éste no se producirá si no demuestra que es capaz de romper el espeso muro de la insensibilidad oficial por los problemas del hombre de la calle.