Bochorno en la sala de juicio
EL DESFILE de los políticos por el auditorio donde se celebra el juicio del síndrome tóxico ha logrado animar por unos días un acontecimiento judicial al que la opinión pública hace tiempo que sólo mira de reojo. Pero lo que se ha visto allí ha sido más bien un espectáculo bochornoso, que en nada va a contribuir a elevar la estimación de los ciudadanos por la política y por quienes han hecho de la dedicación a ella su oficio. En cuanto a los afectados por el síndrome tóxico, la comparecencia de quienes. tenían las responsabilidades del poder y de la oposición cuando se desencadenó la epidemia ha constituido un nuevo motivo para la frustración. Poco han podido sacar en limpio de su testimonio ante el tribunal, por más autentifica do que estuviera por la promesa o el juramento que les comprometía a la verdad. Lo que se les ha oído en su testificación ante los jueces a quienes deberían disponer de al menos algunas de las claves de la tragedia que asoló a España en la primavera de 1981 de poco va a servir para un mejor conocimiento de las causas y responsabilidades que hicieron posible el envenenamiento impune por ingestión de aceite de colza de miles de ciudadanos. Ha resultado, sin embargo, sumamente valioso para conocer cuál es el concepto que les merece la política a quienes han obtenido el mandato del pueblo para ejercerla en su nombre. Y, sobre todo, ha arrojado una luz clarificadora sobre el trasfondo verdadero de la batalla política librada entonces por el Gobierno de UCD y la oposición socialista con motivo del síndrome tóxico. Porque lo que ha quedado en claro es que, más que la preocupación por conocer la verdad y por encontrar un remedio al dolor de miles de ciudadanos, lo que realmente animaba a unos y a otros era su desgaste mutuo con vistas al ejercicio del poder.
¿Qué otra interpretación dar a lo esencial de la testificación de Leopoldo Calvo Sotelo, máximo responsable del Ejecutivo en aquellas fechas, y de Ciriaco de Vicente, responsable de sanidad del partido socialista? El primero ha reconocido con sinceridad pero sin el menor atisbo de autocrítica que su Gobierno imputó responsabilidades en la aparición del síndrome tóxico a los ayuntamientos por la exclusiva razón de que la mayoría de éstos estaba en manos de los socialistas. El segundo ha admitido con igual sinceridad que desde la oposición se pedía lo imposible al Gobierno, aunque eran conscientes de que por serlo no se podía obtener. Luego se ha visto que ni siquiera los propios socialistas han sido capaces de hacer desde el poder lo que con tanto ahínco exigían desde la oposición. No cabe mayor fraude al mandato de las urnas y mayor desprecio por quienes con sus votos les habían confiado la representación de la comunidad. Nadie se va a escandalizar a estas alturas de saber que las maniobras, la marrullería, el golpe bajo, el sofisma o el recurso dialéctico forman parte de las costumbres al uso en las contiendas políticas. Pero un debate político digno de ese nombre exige un mínimo de autenticidad al que no se puede renunciar si no se quiere vaciar de contenido a las instituciones democráticas. Y, desde luego, resulta patético que este estilo de hacer política se haya puesto en práctica al socaire de una gran tragedia.
Por lo demás, la obstinación de los políticos declarantes en negar responsabilidad alguna a la Administración del Estado en la aparición del síndrome tóxico es pueril y políticamente insostenible. El vil mercadeo que se generó en España con las mezclas de aceites de semillas sólo fue posible en el clima de omisiones, negligencias y consentimientos propiciado durante mucho tiempo desde las instancias políticas y administrativas. Otra cosa son las dificultades evidentes con que se enfrenta todo intento de individualizar estas responsabilidades, y, sobre todo, de traducirlas a una dimensión penal. La paralización en que se encuentra el llamado sumario de los altos cargos, abierto a responsables de la Administración ucedista, es una prueba de ello. El que legalmente sea necesaria la condena de la Administración para que los afectados sean indemnizados es un obstáculo formidable que se interpone a la obligada satisfacción pecuniaria a que, sin duda, tienen derecho las víctimas del fraude criminal.
