Jurado para nunca

EL GOBIERNO acaba de quitarse de encima cualquier compromiso para el restablecimiento en un plazo fijo de la institución del jurado en el engranaje de la Administración de justicia española La respuesta que ha dado al diputado del PNV Joseba Zubía, que inquiría sobre los sucesivos retrasos en el cumplimiento de este mandato constitucional, no deja resquicios a la duda: habrá jurado cuando el Gobierno lo considere políticamente oportuno. Las promesas sucesivas que desde instancias oficiales se han hecho en estos años sobre la siempre pospuesta aprobación de la ley del Jurado eran más pura palabrería que otra cosa. El Gobierno no ha dado valor ni a sus compromisos electorales ni a la palabra públicamente empeñada de algunos de sus ministros, y, lo que es más grave, ni siquiera al mandato explícito de la ley orgánica del Poder Judicial, aprobada con los votos de la mayoría parlamentaria socialista en julio de 1985, que le obligaba a presentar un proyecto de ley sobre el jurado en el plazo de un año.Las razones que se han dado hasta ahora para los sucesivos aplazamientos del mandato establecido en la Constitución apelaban a la prudencia con que debía ser reintroducida en la justicia penal una figura históricamente tan controvertida como la del jurado. El Gobierno se tomó su tiempo para resolver dos cuestiones previas: el grado de aceptación del jurado entre la población y el tipo de jurado que debía ponerse en marcha de acuerdo con el mandato constitucional. Las dos cuestiones han quedado resueltas hace mucho, pero ahora se ha visto que ello no ha bastado para remover las reticencias gubernamentales. Los españoles se muestran mayoritariamente conformes en ser juzgados por tribunales conjurado, aunque, lógicamente, son más reacios a formar parte activa de ellos. También el Gobierno -o al menos el Ministerio de Justicia- se ha inclinado finalmente a favor del jurado puro, formado exclusivamente- por ciudadanos, después de haber dudado un tiempo entre esta forma y la del escabinado o jurado mixto, formado por jueces profesionales y legos.

Ahora, el Gobierno hace depender la entrada en vigor del jurado de "razones de oportunidad política legislativa"; es decir, de la previa reforma del conjunto de las leyes procesales. Y todo ello con el argumento o excusa de que "la situación de atasco de la Administración de justicia se agravaría si se implantara de forma inmediata esta ley", según se deja caer en medios oficiales. Vistos los antecedentes de este caso, poco crédito merecen las nuevas razones. La prudencia que el Gobierno ha reclamado para la articulación de la ley del Jurado se ha convertido en pantalla bajo la que se oculta su incapacidad en la reforma global de la justicia. El desarrollo de la ley orgánica del Poder Judicial, imprescindible para que esta norma no quede convertida en un armatoste legal sin eficacia operativa alguna, está paralizado. Sus plazos se han incumplido sin pudor alguno.

Todo esto no muestra otra cosa que una profunda desconfianza hacia la participación popular en la Administración de justicia. El argumento de que la vigencia del jurado debe ir precedida de la reforma global de las leyes procesales no se tiene en pie. Más bien debe ser lo contrario: el rodaje de la institución del jurado aportaría una experiencia inestimable sobre los cambios a efectuar en el actual sistema. Es el talante no democrático de los gobernantes y su rendición a unos criterios de supuesta eficacia, aun si de ellos se desprende una situación tan bochornosa como la de la justicia española actual, lo único que explica esta actitud. Nada nuevo, pero no por ello menos irritante.