Las nuevas retenciones
LOS ASALARIADOS españoles comienzan a leer en sus nóminas la anunciada reducción de las retenciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), y lo primero que descubren es que la amplitud de la misma parece haber encogido desde que se anunció la bajada de los impuestos directos: la realidad se ha quedado por debajo de las expectativas.Con todo, la inmensa mayoría de los contribuyentes, que percibe rentas anuales inferiores a los tres millones de pesetas, se verá beneficiada por la nueva escala de retenciones. En principio, ello favorecerá el consumo, pues lo que los asalariados perciben es un aumento del dinero disponible en la nómina, aunque conviene recordar que las retenciones a cuenta son un anticipo a la Hacienda pública, y que la. liquidación final es la que, en definitiva, cuenta, aunque para las rentas de 1988 ésta sólo se realice a mediados de 1989. Pasará, pues, algún tiempo antes de saber si los responsables de Hacienda han calculado bien la bajada de las retenciones o si se han quedado cortos en sus cálculos.
En lo que no se han quedado cortos, desde luego, ha sido en la recaudación correspondiente a 1987. Las cuentas provisionales publicadas hace unos días muestran un aumento de los ingresos sobre lo previsto de casi 700.000 millones de pesetas, de los cuales corresponde una parte sustancial al IRPF. Este descomunal aumento de la presión fiscal ha pasado casi inadvertido incluso para la oposición, que parece más ocupada en dirimir sus asuntos internos que en el análisis de los problemas que afectan a la vida cotidiana de millones de españoles. El aumento de la recaudación se debió en parte a la aparición de decenas de miles de contribuyentes como consecuencia de la implantación del IVA, pero también, y de manera esencial, al mantenimiento, e incluso la agravación, de las escalas impositivas en un período de fuerte aumento de los precios. Esta manera de actuar va en contra de las prácticas en los países industrializados, y la reforma actual no hace sino remediar parcialmente una situación a todas luces anómala.
Desde el punto de vista de la regulación económica, la disminución de las retenciones tendrá un efecto positivo sobre la demanda interna, estimado en su día por los expertos del Gobierno en unos 200.000 millones de pesetas. Hay quien piensa que este efecto compensará la posible retracción del consumo derivada de la caída de la bolsa, con lo que lo más probable es que el consumo privado crezca más o menos lo mismo que se previó antes del crash bursatil. Si se acepta este argumento, el problema se traslada al sector exterior de la economía, que está sufriendo un fuerte deterioro, debido, entre otras razones, al diferencial de crecimiento de la economía española en relación con la de nuestros vecinos europeos. La cuestión que se plantea es la de si esta situación es sostenible a medio y largo plazo: la respuesta puede ser positiva cuando el diferencial proviene esencialmente, como ha sido el caso hasta ahora, del avance de la inversión privada en bienes de equipo; la cuestión es más discutible cuando el motor del crecimiento se sitúa en el crecimiento del consumo, tanto público como privado.
Lo más razonable hubiera sido frenar el crecimiento de los gastos públicos para dejar un espacio mayor al gasto privado, pero esto parece situarse más allá de las posibilidades de la Administración actual, que prefiere repercutir sobre los ciudadanos sus propias ineficacias de gestión. Es posible que haya sido ésta la razón que ha motivado la prudencia de los responsables económicos a la hora de fijar las retenciones. En caso de error, siempre habrá tiempo de devolver a los contribuyentes el dinero anticipado, lo cual tiene la ventaja adicional de coincidir con la apertura del proceso electoral en 1989. En cierta medida, la sombra de las elecciones generales comienza a planear sobre la economía.
