La justicia por su mano

LOS BROTES de autodefensa ciudadana que están surgiendo en los últimos tiempos ante la expansión de la delincuencia son un fenómeno más que preocupante. El que grupos de ciudadanos se sientan impelidos a formar partidas para defenderse ellos mismos o a sus bienes del azote de la delincuencia revela síntomas de incapacidad en el aparato del Estado para cumplir con uno de sus cometidos más elementales: la protección de la sociedad. Y, sobre todo, constituye una denuncia en toda regla contra la ineficacia, impericia o pasividad de quienes tienen especialmente a su cargo esta tarea: las fuerzas de seguridad. Los peligros que incuba un hecho así son evidentes: de entrada, un claro desprestigio de la propia autoridad, desbordada y suplantada en funciones para las que sólo ella está legitimada. A ello se añade la alta probabilidad de que lo que comenzó con un propósito de defensa ante actuaciones delictivas se convierta, por la fuerza de las cosas, en un foco de acciones ilegales.En muchos casos, la situación en que la delincuencia está colocando a los habitantes, no sólo de los grandes núcleos urbanos, sino de las zonas rurales, es casi límite. En estas circunstancias no se puede exigir a los ciudadanos que permanezcan pasivos en consideración a los riesgos que puede comportar la asunción por su parte de funciones que corresponden a la policía o a la justicia. Cuando este fenómeno se extiende revela una grave falla en el funcionamiento del Estado. Su tratamiento es político, y la responsabili

dad de ponerlo en práctica incumbe exclusivamente a quienes tienen las riendas del poder. Aconsejar o exigir a los ciudadanos que se queden quietos sólo es admisible cuando al mismo tiempo se ponen en marcha las medidas necesarias para asegurar su protección, a la que tienen derecho, pues para eso pagan los correspondientes impuestos. Sucesos recientes como el triple crimen de la calle del Alcalde Sainz de Baranda, de Madrid, el apuñalamiento del jefe de prensa del Ministerio de Justicia o el secuestro durante unas horas de la esposa del doctor López Ibor ponen todos los días de actualidad un problema agobiante.La explosión de la delincuencia en España desde principios de los años setenta, favorecida por el paro juvenil y el consumo de droga dura, ha dado lugar a ríos de demagogia. Desde sectores de la caverna política ha sido utilizada como arma arrojadiza contra la democracia, primero, y como, instrumento de desgaste del poder de los socialistas, después. El clamor de estos ámbitos ha sido por leyes más duras, por jueces severos, por un incremento del número de policías. Pero España dispone de más policías por habitante que cualquier otro país de Europa, y, desde luego, se minimiza la eficacia que en la erradicación de la delincuencia puedan tener medidas distintas de las puramente represivas.

No son más policías, sino mejores, y mejor dirigidos, lo que se necesita. En cambio, hacen falta más jueces (los escasamente 2.000 jueces actuales son a todas luces insuficientes), cárceles más dignas y una política global de orden público y seguridad capaz de hacer frente a la oleada de delincuencia. Desde sectores sindicales de la propia policía se ha denunciado el alto porcentaje de agentes dedicados a funciones administrativas, en detrimento de las operativas. Esto ocurre en mayor medida allí donde el índice de delincuencia es mayor: Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Sevilla. La capital del Estado, que dispone de 35.000 policías -uno por cada 84 habitantes-, es un ejemplo de esta irracional distribución, que repercute negativamente en vidas y haciendas. Contener la delincuencia es una tarea no exclusivamente policial, pero el papel de la policía en el conjunto de acciones que deben tender a este objetivo es el más importante. Su actuación en primera línea surte ya de por sí un efecto preventivo que constituye la más eficaz defensa frente a la acción del delincuente. La policía está, sobre todo, para prevenir el delito. Cuando éste ya se ha producido, su fimción pasa a ser meramente auxiliar de los jueces en la tarea de juzgar a quienes han delinquido. Por eso, su presencia entre la población no sólo es disuasoria para el delito, sino que genera un clima de confianza que hace injustificable el recurso siempre peligroso a los métodos de autodefensa.