AP dará prioridad al "control de la corrupción" en las administraciones

El Grupo Popular del Congreso ha decidido para este nuevo período de sesiones hacer de "la regeneración de la vida pública" prioridad absoluta de su estrategia, y, dentro de ese apartado, "el control de la corrupción". Este es uno de los tres bloques, además de control y alternativa, en los que AP ha dividido su estrategia parlamentaria, según acordaron los pasados días los responsables del grupo con el presidente de AP, Antonio Hernández Mancha.

En el supuesto de que no consiguieran que el PSOE acepte una comisión de investigación sobre tráfico de influencias, AP usará una comisión del Congreso para esos fines, con demanda permanente de comparecencias de miembros de la Administración y peticiones de documentación al Gobierno.Los responsables aliancistas aprobaron la pasada semana la estrategia para el nuevo período de sesiones parlamentario, "con el visto favorable de Antonio Hernández Mancha", destacaron las fuentes informantes, y no dudaron de que su punto de mira será la "regeneración de la vida pública". "Nos proponemos que el control de la corrupción sea una de nuestras principales tareas. Allí donde haya indicios de posible corrupción vamos a entrar a fondo", aseguró un dirigente aliancista.

El Grupo Popular tendrá la pauta de lo que puede ser la actitud del Gobierno según sea la respuesta que ofrezca a la proposición no de ley sobre tráfico de influencias que deberá ser debatida en la segunda semana de febrero. En esa proposición, firmada por el portavoz, Juan Ramón Calero, los aliancistas piden la creación de una "comisión de vigilancia sobre el tráfico de influencias que controle la actividad de los antiguos cargos de la Administración". En la misma propuesta se pide al Ejecutivo que modifique, mediante proyecto de ley, la ley de incompatibilidades de altos cargos de tal manera que los cargos públicos no elegidos por el pueblo no puedan desempeñar, durante los tres años siguientes a su cese, profesiones en las que "ejerzan de forma directa o indirecta tráfico de influencias".

Investigar el Canal 10

Los aliancistas, como primera muestra de su estrategia, además de la citada proposición, pretenden que en la primera semana de pleno se debata una interpelación sobre la puesta en funcionamiento del Canal 10 de televisión, sobre el que AP está preparando un informe jurídico. El ex director general de RTVE José María Calviño figura oficialmente como asesor de ese canal, que emite desde Londres.

En el supuesto de que AP no consiga de los socialistas la autorización para crear comisiones de investigación tan sólo con que lo pidan dos grupos parlamentarios, usarán alguna comisión estable para hacer su control, según explicó un dirigente aliancista.

El segundo bloque de la estrategia es el llamado de control. "Realizaremos el seguimiento de la labor del Gobierno con interpelaciones y preguntas sobre todo en las áreas de justicia, sanidad y calidad de vida. Pretendemos seguir de cerca lo que el PSOE llama que España funcione para ver si es verdad", explicaron las fuentes informantes. Por último, el capítulo denominado alternativa tiene como especial argumento El ciudadano ante la Administración. "Vamos a reabrir el debate sobre la empresa pública, la reforma de la Administración y el muy anunciado establecimiento del procedimiento único o ventanilla única para todas las administraciones", dijeron.

Asimismo, el Grupo Popular ha empezado a preparar su estrategia para el debate sobre el estado de la nación del 24 de febrero, que irá en la línea de lo que será su actuación durante todo el año. El secretario general del partido, Arturo García Tizón, será el portavoz del grupo en este debate.

[Por otro lado, los 31 alcaldes de AP de Zaragoza críticos con la dirección provincial aliancista llegaron ayer a un acuerdo con el presidente nacional, Antonio Hernández Mancha, por el que se comprometen a no abandonar el partido y a que se convoque en breve un congreso extraordinario provincial, informa Efe].