Se mantienen los enfrentamientos por el control del agua potable en Canarias

La guerra por el control del agua en Canarias continúa enfrentando a empresarios y sectores progresistas de las islas. Los propietarios de las explotaciones acuíferas acaban de ganar el último asalto de un largo conflicto desatado en el archipiélago a raíz de la aprobación de una ley regional sobre la materia que declara dichos recursos de dominio público. El Gobierno autónomo de la legislatura anterior, controlado por el PSOE, creó -con ayuda de los comunistas y de una fuerza independiente, Asamblea Majorera- una norma específica que recogía dicho principio y que fue duramente contestada por los titulares de galerías y pozos.

Ahora, el nuevo Ejecutivo, de centro-derecha y nacionalista, que preside Fernando Fernández Martín, del CDS, ha logrado que el Parlamento canario aplace la entrada en vigor de dicho texto legal hasta julio de 1989, con el fin de consensuar una nueva ley que compatibilice el dominio público de las aguas con el reconocimiento de los derechos adquiridos por la iniciativa privada. El déficit actual de este recurso en las islas gira en torno a los 60.000 millones de litros anuales, según informaciones de carácter interno manejadas por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gabinete autónomo saliente.La decisión de la citada Cámara legislativa, adoptada en medio de una gran polémica, abre un nuevo debate político, ya que no aclara si el vacío legal será cubierto con la ley estatal, que consagra el dominio público de este recurso, o con la legislación antigua aplicada en las islas, que reconocía la propiedad privada del agua.

A este acuerdo del Parlamento regional se llegó tras un complicado proceso de discusiones técnicas, a raíz de que el cabildo de Tenerife propusiera suspender la ley. El pacto de gobierno, compuesto por el CDS, Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC), AP y Agrupación Herrera Independiente (AHI), llegó a la fórmula del "aplazamiento a término" de la ley. Esta coalición es partidaria de que se restablezca provisionalmente la antigua legislación. El consejo consultivo, órgano asesor de la comunidad autónoma, advirtió sobre la inviabilidad de la suspensión de la ley.

La especulación sobre este bien escaso de las islas, el agua, una especie de oro en Canarias, suscita intereses enconados y una profunda diatriba política y técnica. Entre tanto, los estudios especializados ponen una alerta roja sobre el riesgo irreversible de una sobreexplotación de la reserva hidráulica en la comunidad autónoma.

Más de 5.000 pozos

La ley de Aguas de Canarias, ahora en suspenso, pretendía regular y ordenar el aprovechamiento de dicho bien con un criterio racional y una mayor intervención administrativa. Intentaba poner en marcha consejos insulares, con representación de todas las partes interesadas, dotados de atribuciones para autorizar las explotaciones según los planes hidrológicos aún pendientes.El ritmo de apertura de nuevos focos de captación es tan elevado que algunos mapas hidrológicos, como el de Gran Canaria, recuerdan a un queso de Gruyère. En el archipiélago existían en 1980 -último año del que se poseen datos fiables- 5.179 pozos (309 kilómetros de perforación), con un caudal global de 12.707 litros de agua por segundo, y 1.526 galerías (1.778 kilómetros de perforación), que producían 7.555 litros de agua en el mismo período de tiempo.