Huelgas salvajes
LOS PAROS programados por los trabajadores de Renfe en estas fechas de las vacaciones navideñas vuelven a poner sobre el tapete el problema de la adecuación del ejercicio del derecho de huelga en un servicio público, a fin de que no se lesionen los derechos, también legítimos, de los usuarios y contribuyentes. La pertinaz costumbre que han adquirido los sindicatos de escoger las fechas vacacionales -verano, Semana Santa y Navidades- para plantear sus reivindicaciones laborales en el sector del transporte público habla muy poco de la capacidad de esos mismos sindicatos y del sentido de la responsabilidad que les sería exigible. Los perjudicados con estas acciones, aparte de lo que significa para la economía nacional, son mayoritariamente gentes de extracción humilde, trabajadores de otras empresas, empleados, fún cionarios, soldados de permiso, que se encuentran indefensos ante protestas tan arbitrarias y a veces tan faltas de contenido como la que comentamos. Tras el espectáculo bochornoso de las huelgas de abril en las tres grandes compañías públicas de transporte, Renfe, Iberia y Aviaco, el Gobierno amagó con la promulgación de una ley que regulase el derecho de huelga en el sector público. La oposición de los sindicatos dejó en agua de borrajas esta iniciativa. Habría sido de desear que al mismo tiempo se hubieran comprometido a un uso más responsable de este derecho constitucional, evitando en lo posible los daños que un ejercicio desmedido del mismo puede comportar.
Pero la justificada protesta ciudadana y el descrédito que provocan estas acciones para quienes las organizan no han hecho mella en la conducta de los sindicatos. Los paros actuales de los trabajadores de Renfe, estratégicamente colocados en fechas en que se multiplica el uso del tren, vienen a corroborarlo. Los motivos alegados por los huelguistas, pérdida de empleo producida en la compañía e incumplimiento de la normativa laboral, son dignos de la mayor consideración, pero no justifican, ni con mucho, las graves molestias y los retrasos causados al ingente número de ciudadanos que se sirven del el tren para sus desplazamientos en las fiestas navideñas.
Renfe, como ocurre con otros organismos de carácter público, es una empresa sostenida con el dinero de todos los españoles. Las huelgas que en ella se producen se financian a costa de los bolsillos de todos, y no de los dividendos de ningún accionista. De manera que el ciudadano es maltratado por una doble vía: como contribuyente y como usuario. Como contribuyente, se echa sobre sus espaldas la financiación de las pérdidas producidas, que irán a engrosar los más de 200.000 millones de déficit que, en el caso de Renfe, gravaron el erario público en 1986. Como usuario, debe soportar, en la indefensión más absoluta, las incomodidades del servicio que se presta que es pésimo o inexistente.Por lo demás, vale la pena hacer una reflexión sobre la exasperación progresiva que la protesta sindical viene adquiriendo en el sector público. Estos paros ferroviarios se suman a la estúpida acción que ha herido de muerte a la fábrica de Alúmina-Aluminio en Galicia y al incendio de un tren perpetrado por los trabajadores de Euskalduna, ayer, en el País Vasco. Semejantes huelgas, que con la mayor propiedad merecen el calificativo de salvajes, son sin duda expresión de situaciones o momentos desesperados de quienes las realizan. Pero es obligación de los sindicatos asumir el deber de no permitir que la irracionalidad haga mella en sus bases. Y es deber del Gobierno poner un límite a todo esto.
