El Gobierno ofrecerá una propuesta única a las comunidades que piden más competencias

El Gobierno ha pretendido, al hacer una oferta de diálogo a las comunidades autónomas que accedieron al autogobierno por la vía del artículo 143 de la Constitución, cortar la iniciativa de algunos de sus dirigentes, que habían anunciado la reforma de sus respectivos estatutos para alcanzar mayores cotas de autonomía, y que sea el Ejecutivo el que conduzca con pasos muy medidos el proceso. "Es bueno que el proceso lo encabece el Gobierno para evitar un bloqueo", ha dicho el ministro para las Administraciones Públicas, Joaquín Almunia.

Almunia tiene previsto convocar una reunión el próximo mes de enero con responsables de las 17 comunidades autónomas para dialogar sobre las aspiraciones de las autonomías del 143, o de vía lenta, y estudiar los conflictos pendientes con las llamadas históricas.El presidente de las Comunidad Autónoma de Aragón y máximo dirigente del Partido Aragonés Regionalista (PAR), Hipólito Gómez de las Roces, fue el primero que alertó al Ejecutivo al anunciar que cuando en 1988 se cumplan los cinco años de experiencia autonómica, impulsaría, al amparo de la Constitución, la reforma del Estatuto de Autonomía para ampliar las competencias de su comunidad. El presidente de Castilla y León y presidente de AP en esa comunidad, José María Aznar, también había mostrado, desde que asumió el cargo, el interés de dotar de la máxima autonomía posible a su región. En idéntica actitud estarían Cantabria, La Rioja y Baleares.

Las ansias de mayor autogobierno de comunidades presididas por socialistas fueron calmadas por vía interna en el último comite federal del partido. "No parece conveniente en estos momentos", fueron las palabras de Felipe González, dirigidas especialmente a sus compañeros de Asturias, en el poder, y de Castilla y León y Aragón, en la oposición..

No obstante, ante la certidumbre de que las peticiones de más autonomía iban a ser constantes, el ministro para las Administraciones Públicas, Joaquín Almunia, propuso en el debate sobre el estado de las autonomías, celebrado en el Senado el pasado 1 de diciembre, un diálogo con las comunidades autónomas afectadas, aunque dejó claro que el Ejecutivo descartaba la vía de reforma de los estatutos a iniciativa de las asambleas legislativas de cada comunidad. El proceso tendría que seguirse por lo dispuesto en el artículo 150.2 de la Constitución, que confiere al Gobierno, mediante ley orgánica, la transferencia o delegación de algunas competencias.

"Es más lógico que el proceso se lleve de forma acompasada entre varias comunidades autónomas que tengan interés en iniciar el proceso, y aunque sea el Gobierno quien lo inicie por vía de delegar competencias, queremos hacerlo con diálogo", dijo Joaquín Almunia a un grupo de periodistas. "Es bueno que el Gobierno encabece el proceso para que 10 comunidades no propongan procesos diferentes, porque, so pretexto de ser más autonomistas, se podría crear un auténtico bloqueo". Almunia volvió a repetir las cautelas que ya expresó en .el debate del Senado sobre las condiciones que se deben dar antes de que algunas comunidades autónomas reciban del Estado más competencias.

Muchas de estas condiciones tienen que ver con un funcionamiento óptimo en la gestión de las competencias que ahora tienen, la puesta en marcha del Fondo de Nivelación de Servicios que prevé la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), el aumento de la corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas que puedan gestionar tributos así como la articulación entre las comunidades y los ayuntamientos, y, por último, la creación de un procedimiento admistrativo común para evitar duplicidades.

Estas condiciones serán expuestas por Almunia en enero a los consejeros de presidencia de las 17 comunidades autónomas. "Queremos saber sus deseos respecto a alcanzar más competencias y los plazos", dijo Almunia. La conversación con los representantes de las comunidades históricas se basará en los conflictos pendientes con la Administración.