La ley de Costas sólo afectará a una mínima parte de las comunicaciones ya existentes

La nueva ley de Costas, cuyo anteproyecto fue aprobado el viernes por el Consejo de Ministros, no afectará a las edificaciones ya existentes en suelo urbano con plan parcial aprobado (el 60% de la costa). Las edificaciones restantes (el 40%) se dividirán entre legales e ilegales. Las primeras se mantendrán, y las ilegales sólo serán demolidas "cuando, no preceda su legalización". El ministro de Obras Públicas y Urbanismo, Javier Sáenz Cosculluela, dijo ayer que la ley "no va a impedir la construcción ni afectará a los derechos obtenidos legítimamente".

España tiene 7.880 kilómetros de costa, de los que 2.000 son playas. El 40% de la costa ya está urbanizado, el 7% depende de instituciones portuarias, el 3% está dedicado a actividades industriales, y el 8%, a usos agrícolas. Queda, por tanto, alrededor de un 42% sin usos claramente definidos o irreversibles.El proyecto de ley de Costas, cuya elaboración ha durado dos años y medio, se aplicará, esencialmente, a las zonas aún no urbanizadas y sin usos definidos. La ley pretende, según afirmó ayer Javier Sáenz Cosculluela, "salvar ese espacio marítimo sin urbanizar y mantener un uso racional del que ya ha sido ocupado". Esa ocupación se ha hecho de tal forma que, afirma el propio anteproyecto, "se ha producido un doble fenómeno de degradación y privatización del litoral que, de hecho, hace irreconocible el paisaje de no hace más de 30 años". Ese 40% de costa ya urbanizada necesita de unos 6.000 millones de pesetas de inversión para su regeneración.

La nueva ley, sin embargo, poco podrá hacer con los kilómetros de playa destrozados por la especulación o por el puro mal uso de un terreno. Lo que sí pretende es, atendiendo al mandato de la Constitución, reafirmar el carácter de "dominio público de la zona marítimo-terrestre". Para ello, el proyecto determina una zona de protección de 100 metros, en la que, en el futuro, no se permitirá la construcción.

Los derechos adquiridos

Sin embargo. la ley, que tras ser objeto de ocho redacciones sucesivas ha sido ahora remítida al Congreso, "no atenta contra los derechos legales adquiridos, ni va a suponer un obstáculo para las actividades económicas en las zonas costeras". O sea, que los edificios legalmente construidos y las inversiones previstas no se verán afectados por la nueva normativa.Los efectos de esta ley sobre lo ya edificado, aunque haya contribuido a deteriorar las costas españolas, será escaso. El 60% de las edificaciones existentes se encuentra en suelo urbano o urbanizable, con plan parcial aprobado. Esa mayoría de edificaciones no se ve afectada en absoluto por el proyecto, "salvo por las servidumbres de tránsito y de protección que ya existían".

Para el 40% de las edificaciones restantes, que está sobre suelo no programado como urbano, en dominio público o en servidumbres de tránsito y protección, se establecen dos categorías: las construcciones legales y las ilegales.

Las edificaciones legales se mantienen en su totalidad. Y en muchas de ellas -las que tengan licencia y se encuentren en servidumbres- se podrán incluso realizar obras de recuperación y conservación para impedir su deterioro.

Las edificaciones ilegales serán demolidas "cuando no proceda su legalización por razones de interés público". O sea, que algunas de ellas podrán ser legalizadas. Para Sáenz Cosculluela, "las actuaciones ilegales sólo una minoría, proque la gente no se arriesga a construir in permiso".

La futura normativa, afirmó el ministro, "va a facilitar la modernización de la oferta turística y garantizará los derechos de los ciudadanos de acceder a todos los lugares públicos e la ribera del mar". La reglamentación ha sido redactada or el Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo tras realizar numerosos contactos con agrupaciones hoteleras, municipales, ecologistas y de constructores, a la vez que se ha tenido en cuenta la opinión de las comunidades autónomas.