Las cartas , repartidas

LOS CONGRESOS provinciales y regionales del PSOE celebrados durante el fin de semana para elegir los delegados que asistirán al 31º congreso federal, en enero próximo, han puesto de relieve que el aparato central del partido, en alianza con los líderes regionales más influyentes, está dispuesto a evitar cualquier riesgo de descontrol. Con la excepción de Vizcaya, las enmiendas aprobadas aquí o allá, destinadas en general a dar un tono ligeramente más izquierdista a los planteamientos estratégicos, no ponen en cuestión la línea general marcada por la ponencia marco aprobada en octubre por el comité federal, y que viene a ser la racionalización retrospectiva de la política pragmática desarrollada por el Gobierno socialista desde hace cinco años. Las cartas están repartidas, y nada sustancial cambiará en el 31º congreso.El secretario de organización, José María Benegas, declaró ayer que, puesto que es el PSOE el que gobierna, la primera obligación del partido es dar respaldo a la política gubernamental. Así ha ocurrido, en efecto, en estos cinco años. Pero es imitar al avestruz ignorar que el precio pagado por haber renunciado a todo lo demás es el acelerado desgaste del proyecto socialista, engullido por las necesidades de la política gubernamental.

El aldabonazo que supuso la disidencia pública de Nicolás Redondo provocó más irritación que reflexión, y la consigna de cerrar filas se impuso rápidamente a cualquier intento de replanteamiento. Sin embargo, la diferencia entre la disidencia de Redondo y la de sectores críticos que periódicamente lanzaban alfilerazos ideológicos contra lo que consideraban "degeneración felipista del socialismo" era manifiesta y debería haber movido a consideración. En primer lugar, Redondo no era un espadachín aislado, sino un dirigente con tropa propia. En segundo lugar, Redondo encarnaba la cultura socialista tradicional: sus divergencias se limitaban a reflejar los valores, reales o simbólicos, y las pautas de comportamiento que habían caracterizado al reformismo socialista (o socialdemócrata) a lo largo de toda su historia; y, en tercer lugar, el proyecto de modernización de la sociedad española, incluyendo su economía, emprendido por el PSOE era inseparable de la asociación a ese proyecto de un sindicato poderoso.

Fue el dirigente de los socialistas madrileños, Joaquín Leguina, el primero en alertar sobre la responsabilidad del partido en el desencuentro que se había producido, así como sobre los peligros que para el conjunto del proyecto socialista suponía la brecha abierta. Leguina, que recientemente se definió a sí mismo como felipista, no cuestiona el modelo político general, pero constata que la evaporación del partido le ha impedido desempeñar un papel mediador entre las aspiraciones de la base social más característica del PSOE y los objetivos de la política nacional, inevitablemente más amplios y complejos. Por ejemplo, los imperativos internacionales pueden obligar a adoptar medidas que sean contradictorias con las aspiraciones del votante medio del PSOE. Aumentar el excedente empresarial puede ser en un momento dado una estrategia necesaria para relanzar la economía, aunque resulte un agravio sangrante para los sectores más desfavorecidos.

La ausencia de mediación por parte del partido ha impedido que esas decisiones aparezcan como el resultado de un debate, seguido de transacción. Por el contrario, han sido presentadas como el triunfo de la razón frente a la ignorancia, el corporativismo o la mala fe. Y el problema no consiste tanto en dilucidar la proporción que de esos factores haya podido existir como en comprender que sin la identificación y apoyo de los sectores de la sociedad que se reconocen en UGT, o en todo caso en sus motivos de queja, el proyecto socialista no sólo sería inviable en la práctica, sino que carecería de justificación teórica. Y tener razón a costa de arruinar el proyecto que da sentido a esa racionalidad equivale a dejar de tenerla.

El 31º congreso difícilmente será, como algunas voces pretenden, de síntesis. Sencillamente porque no existe alternativa realista a lo que sus rivales denominan felipismo. Pero puede ser, y sería deseable que fuera, el congreso de la política. Ésta tiene unas leyes que desbordan las de la mera administración de las cosas, pero sin las cuales no es posible administrar nada. El regreso de la política debería suponer, ante todo, el regreso del debate. Es decir, el de la potenciación del partido como instancia intermedia entre las servidumbres del poder y los objetivos políticos.