Más de 1.000 juristas inician hoy un congreso para encontrar soluciones al actual 'desastre' de la justicia

Más de 1.000 personas, en su gran mayoría juristas y profesionales relacionados con la justicia, asisten hoy y mañana al primer Congreso / Asamblea de Gentes del Derecho del Estado Español que, organizado por 14 organizaciones jurídicas progresistas, se celebra en Madrid bajo el lema La justicia tiene solución. Los ejes del congreso serán sendos informes críticos sobre la actual situación de la justicia en España, a la que se califica de desastre e impropia de una sociedad democrática, rematados con una propuesta de alternativa de reforma judicial urgente.

El primero de los tres debates previstos será moderado por directivos de la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH), organización que ha preparado una ponencia sobre el fracaso de la reforma política en el ámbito judicial, bajo el título La justicia que exige una sociedad democrática. El informe describe la frustración producida ante la respuesta práctica a las expectativas suscitadas por la Constitución de 1978 y "el sentimiento de desencanto" padecido "tras las iniciales euforias creadas por el valor casi omnipotente del reconocimiento teórico de un catálogo de derechos y libertades".Junto a una crítica al desarrollo legal de la Constitución, la APDH cuestiona la discriminación que significa para los menos favorecidos económicamente la concesión de libertad bajo fianza y los arrestos sustitutorios por impago de multas; estima urgente la asístencia jurídica a quienes cumplen condena en la cárcel, así como la adscripción a los órganos judiciales de equipos de expertos, y la creación del Jurado.

La Asociació Catalana de Juristes Demócrates dirigirá la discusión sobre las contradicciones entre los principios constitucionales y su aplicación en el ámbito de las distintas jurisdicciones. El informe que servirá de base al debate lleva por título Radiografía del desastre de la Administración de justicia en el Estado español. Entre otras consideraciones introductorias, los ponentes rechazan un fortalecimiento del Estado "como controlador del tejido social y como represor de las libertades individuales".

Servicio y 'negocio'

En cambio, defienden la función del Estado como gestor del servicio público de la justicia "con el control participativo de la sociedad civil". Del mismo modo que se oponen a la actitud de los funcionarios conservadores, que instrumentalizan la justicia "como organismo de prepotencia y control", critican a los profesionales liberales para quienes "la justicia es un medio de negocio, un mecanismo de obtención de minutas". Propugnan también que la independencia judicial, que nadie discute, no se transforme de hecho en "arbitrariedad de la ges tión", sino que, por el contrario, contemple el control parlamentario y ciudadano.Papel estelar ocupará en el congreso la ponencia elaborada por la magistrada Manuela Carmena, miembro de Jueces para la Democracia, que condensa las soluciones y medidas urgentes para la reforma de la administración de justicia bajo el título La alternativa. El documento fija como objetivo "la resolución de- todos los litigios que se producen en la sociedad como consecuencia del ejercicio de los derechos y deberes de todos y cada uno de los ciudadanos" y a continuación diseña los métodos y medios necesarios para lograrlo mediante un plan de cinco años.

Especial interés ofrece el capítulo de medios personales y materiales, que propugna juzgados unipersonales con un juez titular y un juez adjunto y la dedicación de determinados juzgados a materias concretas como las crisis de empresas, así como que los de familia absorban también los litigios de las familias de hecho. En el nuevo modelo de oficina judicial desaparecería la figura del secretario, que podría integrarse en la judicatura, dado su nivel de formación similar, y se integrarían, junto a los demás funcionarios judiciales, las unidades de policía judicial.