Valentín Ochoa se querellará contra un juez y miembros de la Guardia Civil
Valentín Ochoa Pérez, el industrial santanderino que en octubre denunció presuntas corrupciones de miembros de la Guardia Civil en materia de comercio de drogas, anunció ayer a los periodistas, convocados a un hotel de la capital, que la semana próxima presentará dos querellas criminales, una contra el juez Javier Cruzado, por prevaricación y delito de falsedad, y otra contra varios miembros de la Guardia Civil, por la corrupción aludida.Ochoa citó a los informadores 24 horas después de haber salido de la cárcel tras 36 días de internamiento, ello como consecuencia del auto de procesamiento dictado por el juez Cruzado por presuntos delitos contra la salud pública (posesión de droga) y tenencia ilícita de armas.
Ochoa se hizo acompañar de su abogado, Emilio Rodríguez, quien ocupó la mayor parte de la conferencia de prensa. El industrial (que afirmó haber sufrido "tortura psicológica" en la cárcel y no encontrar ahora un solo banco dispuesto a concederle un crédito) mostró su sorpresa ante la noticia de que la Guardia Civil haya podido archivar las diligencias abiertas a causa de sus denuncias por no encontrar indicios de culpabilidad en las personas por él aludidas. "¿Por qué no me han preguntado a mí? Todo el material lo voy a entregar ahora al fiscal, entre 45 y 60 casos concretos, que pueden afectar a varias personas".
Rodríguez y Ochoa pusieron de manifiesto que el análisis realizado en Madrid por el laboratorio dependiente de la Dirección General de Seguridad del Estado ha demostrado que la cocaína hallada por la Guardia Civil en un registro al domicilio del industrial eran simplemente polvos de limpiar la plata. "No hay, pues, delito contra la salud, y sí", recalcó el abogado, "un ridículo evidente cometido por las personas que llevaron a cabo la información. Así, sin otros elementos de juicio, el juez se atrevió a dictar el auto por delito contra la salud pública. Esos inocuos polvos han costado a mi cliente 36 días de privación de libertad, lo que no puede admitirse en un Estado de derecho".
