La reforma de la legislación antiterrorista reduce las penas para quienes dejen las armas

El paquete de medidas legislativas elaborado por el Gobierno para adecuar el Código Penal, la ley de Enjuiciamiento Criminal y la ley del Consejo General del Poder Judicial a la futura derogación de la ley antiterrorista incluye una propuesta para que los terroristas, incluso con delitos de sangre, que contribuyan a evitar acciones violentas se beneficien de una reducción, e incluso remisión, de las penas que les corresponderían por sus responsabilidades penales, según adelantó ayer el ministro de Justicia, Fernando Ledesma.

El Consejo de Ministros envió ayer al Consejo General del Poder Judicial este paquete de medidas, para que este organismo emita el informe preceptivo y posteriormente el Gobierno envíe el proyecto de ley destinado a derogar la ley antiterrorista. Entre las propuestas figura la desaparición del delito de "apología" y de la capacidad para clausurar medios de comunicación.Los preceptos elaborados por el Gobierno establecen reducción de penas en uno o dos grados, la remisión total de la condena, y la anticipación de la libertad condicional, según los casos, para los terroristas que abandonen voluntariamente las armas, contribuyan con a evitar atentados o faciliten la detención de integrantes de una banda.

La remisión de la pena, reservada para casos de especial trascendencia en la lucha antiterrorista, podrá alcanzar incluso a los implicados en delitos de sangre, siempre que no hayan provocado asesinatos o heridas cuya curación haya requerido más de 90 días. Los terroristas que colaboren con la justicia, pero estén inculpados en atentados de esta gravedad, podrán aspirar a una reducción de sus condenas.

La reforma legislativa prevé que un auto de procesamiento en firme suponga la automática suspensión en el ejercicio del cargo público del procesado.

El ministro de Justicia, Fernando Ledesma, confirmó ayer, en una conferencia de prensa en la que también participó el ministro del Interior, José Barrionuevo, el propósito de que en el futuro sean los jueces naturales los que instruyan los sumarios sobre delitos terroristas y que su enjuiciamiento se lleve a cabo en las audiencias provinciales.

Este sistema tendrá un plazo de cuatro años, desde la aprobación de la ley de Planta y Demarcación, para funcionar a pleno rendimiento. El proyecto de ley de Planta será remitido por el Gobierno al Parlamento antes de que termine noviembre, según Ledesma. Hasta su pleno desarrollo operativo, la competencia sobre los delitos terroristas corresponderá a la Audiencia Nacional, si bien los juzgados centrales podrán delegar en jueces naturales la ejecución de algunas diligencias.

La policía tendrá que especificar al juez, en las primeras 24 horas de detención de un terrorista, si quiere que éste permanezca incomunicado, solicitud que tendrá que aceptar o denegar la autoridad judicial, y en el plazo de las primeras 48 horas tendrá que requerir la autorización del juez si pretende prolongar, por un plazo máximo de 48 horas, la detención de tres días.