El Gobierno propone que los procesados por delitos de terrorismo queden suspendidos en sus cargos públicos

El ministro del Interior, José Barrionuevo, ha anunciado a las principales fuerzas parlamentarias de la oposición el deseo del Gobierno de que la ley de Enjuiciamiento Criminal establezca que el auto de procesamiento contra un cargo público por delitos de terrorismo acarree la automática suspensión de las funciones institucionales del procesado. Según uno de los interlocutores de Barrionuevo en las conversaciones llevadas en secreto, el Gobierno se propone mantener casi en los mismos términos que en la ley antiterrorista el papel de la Audiencia Nacional en la instrucción y enjuiciamiento de los delitos terroristas.

Las propuestas expuestas por el ministro del Interior en las conversaciones que ha mantenido con dirigentes de la oposición, a los que pidió discreción, suponen la reforma de tres leyes orgánicas -el Código Penal, la ley de Enjuiciamiento Criminal y la del Consejo General del Poder Judicial- y la modificación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1988. El PSOE está dispuesto a introducir una enmienda que fije una indemnización especial, aparte de la ya existente, para las víctimas del terrorismo.Uno de los aspectos innovadores del planteamiento del Gobierno ante la derogación de la ley antiterrorista es el de incorporar a la ley de Enjuiciamiento Criminal un precepto que deje en suspenso el desempeño de cualquier cargo público en personas procesadas por un delito terrorista. Tanto Nicolás Sartorius, portavoz parlamentario de Izquierda Unida, como Juan María Bandrés, principal representante de Euskadiko Ezkerra, manifestaron ayer su preocupación por esta propuesta, dada la "provisionalidad" inherente a los autos de procesamiento.

Según fuentes próximas a algunos de los interlocutores de Barrionuevo, la documentación aportada por el ministro del Interior muestra una intención de trasladar casi íntegramente a las leyes ordinarias artículos enteros de la vigente ley antiterrorista.

El Gobierno pretende, según varios grupos de la oposición, mantener el que sean la Audiencia Nacional y los juzgados de instrucción central los que asuman en exclusiva la instrucción y enjuiciamiento de los delitos terroristas. Esta competencia, recogida en el artículo 11 de la ley antiterrorista, pasaría casi en su literalidad como disposición transitoria a la ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial, según la versión ofrecida por Barrionuevo a varios de sus interlocutores.

Jueces naturales

El portavoz de Izquierda Unida, Nicolás Sartorius, expresó ayer su total disconformidad con esta propuesta por considerar "imprescindible el protagonismo de los jueces naturales en la instrucción y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo".Juan María Bandrés, portavoz de Euskadiko Ezkerra, adelantó que es "prioritariamente, partidario de que quienes intervengan sean los jueces naturales y la Audiencia Provincial". Y precisó: "En el caso de que se aduzcan dificultades técnicas insalvables, yo defenderé que en los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas haya un juzgado de instrucción dedicado específicamente a los delitos terroristas". Ante la conversación que sobre estas cuestiones mantendrá con Barrionuevo esta semana, Bandrés manifestó que no va a ser "el más tolerante con decisiones que supongan una continuidad" en la legislación ordinaria de lo que es la ley antiterrorista.

El ministro del Interior ha confirmado a las fuerzas parlamentarias el propósito de permitir que, con autorización judicial, pueda ser prorrogado en 48 horas el plazo de tres días de detención de los presuntos terroristas. Una sugerencia que critican tanto Euskadiko Ezkerra, que exige que el juez se entreviste con el detenido antes de conceder la prórroga, como Izquierda Unida, que reprocha al Gobierno que mantenga esta potestad en manos de los juzgados centrales, en vez de cederla a los jueces naturales.

El Gobierno está dispuesto a incluir en el Código Penal el delito de apología del terrorismo, si bien tiene dudas entre formular una definición general de qué entiende por apología o realizar una enumeración de casos que incurren en este delito. Sartorius se opuso al mantenimiento de esta figura delictiva, que propuso sea sustituida por la de "incitación" o "provocación", y Bandrés lamentó la permanencia de "cualquier elemento de ambigüedad o subjetivismo" en la legislación antiterrorista.

Cautela de Suárez

Adolfo Suárez, presidente del Centro Democrático y Social, expresó ayer su aceptación inicial de la propuesta gubernamental de ampliar, con autorización judicial, en 48 horas el plazo de detención de los terroristas.El líder centrista se mostró más cauto respecto al papel de la Audiencia Nacional y precisó que la opinión de su partido depende de la formulación definitiva del Gobierno, a la vez que subrayó que la conformidad del CDS con la traslación a la legislación ordinaria de algunos preceptos antiterroristas dependerá de "la visión de conjunto" de las reformas.

El ex presidente del Gobierno reiteró que está "satisfecho del acuerdo antiterrorista", suscrito por 14 fuerzas parlamentarias, por considerar que se trata de "un documento abierto" a posibles progresos en Euskadi para la erradicación del terrorismo.

Suárez opinó que Felipe González aprovechará su presidencia semestral del Consejo de Ministros de la Comunidad Europea para convocar elecciones legislativas anticipadas en junio de 1989.