Desde la sociedad civil

Los autores exponen los objetivos de reforma de la actual situación judicial que animan al I Congreso Asamblea de Gentes del Derecho del Estado Español, cuya celebración está prevista los días 21 y 22 de noviembre en Madrid. A su juicio, existe una alternativa progresista al actual caos de la justicia.

Los días 21 y 22 de noviembre se va a celebrar en Madrid el I Congreso Asamblea de Gentes del Derecho del Estado Español, bajo el lema La justicia tiene solución, en el que se pretende ofrecer un análisis de la situación legislativa posconstitucional y de la práctica jurisdiccional, ofreciendo una salida alternativa a la situación lamentable de la Administración de justicia en España.La convocatoria ofrece todos los ingredientes para que tenga una amplia resonancia en la sociedad española, porque es la primera vez que los distintos agentes que trabajan en o para la Administración de justicia se unen para discutir y encontrar soluciones, con un espíritu enmarcado en el cumplimiento y desarrollo de los principios constitucionales, e intentando superar cualquier prejuicio corporativo. Bastaría esto para justificar este congreso-asamblea, que, en principio, se ha puesto la meta de congregar a 1.000 personas de todo el Estado relacionadas con el derecho: jueces y fiscales, secretarios judiciales, oficiales, auxiliares y agentes de la Administración de justicia, procuradores, abogados y asociaciones de usuarios de la justicia, con el objeto de encontrar y proponer una salida progresista a la situación caótica en que se encuentra.

El momento, por otra parte, es óptimo, porque desde los sectores más conservadores y corporativos se está intentando dar una imagen de que no existe salida posible al caos reinante si no se deja de atosigar a los funcionarios de la justicia, porque, según ellos, están siendo acosados por una campaña de desprestigio, no sólo en lo que atañe a su profesionalidad, sino también a su honestidad, con continuos ataques en la Prensa y viendo además cómo parte de sus compañeros se encuentran procesados por la posible comisión de distintos delitos.

Además de dejar a este sector del funcionariado libre de toda crítica pública, se pretende transmitir que la Administración de justicia no funciona, única y exclusivamente porque está deficientemente dotada de medios materiales y humanos. Solución, pedir la duplicación del número de juzgados existentes, como medida complementaria a la anterior, para poder solucionar mínimamente el caos reinante. Para este sector, no es cierto lo obvio y conocido por todos los ciudadanos, y mucho más por aquellos que desgraciadamente están o han estado sometidos a cualquier procedimiento judicial. Que la justicia es lenta, que el principio de inmediación no se cumple, que existe corrupción, que muchos abogados no tienen un comportamiento mínimamente ético, que la figura del procurador es cuando menos cuestionable, que el fiscal prácticamente se limita a dar contenido jurídico al atestado acusatorio, que no se sabe cuál es la función del secretario judicial y que es muy difícil, cuando se entra a una oficina judicial, distinguir, por ejemplo, a un oficial de un administrativo u otras tantas disfunciones que el entorno de la justicia padece.

Salida constitucional

Por el contrario, existe otro sector, que se cree socialmente minoritario y que Pretendemos demostrar que no lo es, que, aun partiendo de una posición muy crítica al actual estado de lajusticia, piensa que existe una salida, pero que ésta se encuentra inexorablemente unida al cumplimiento y desarrollo de los principios constitucionales, y que hay tiempo para recuperar la ocasión perdida por la ley orgánica del Poder Judicial. Todavía el Gobierno puede y debe tener una política coherente y valiente para reformar la Administración de justicia, y todas las medidas que se tomen en aras de racionalizar la oficina judicial, de hacer cumplir los principios de celeridad, inmediación y oralidad, serán apoyadas no sólo por gran parte de los profesionales y funcionarios del derecho, sino por todos los ciudadanos con un mínimo de sensibilidad.Porque -y se ha dicho ya en incontables ocasiones- la obligación de los jueces no es sólo la de juzgar, sino también, y en el mismo grado de importancia, hacer ejecutar lo juzgado. De lo contrario, nos encontraríamos, como sucede en la actualidad, con que, al no cumplirse lo fallado en un plazo mínimamente razonable y en algunos casos al no cumplirse nunca, se quiebra totalmente a efectos reales el Estado de derecho, y generalmente por la parte más débil del tejido social. En contrapartida, se deja impune a toda una serie de personas o entidades judiciales, que pasan olímpicamente de las resoluciones judiciales, porque saben que de esta actuación antisocial no se va a derivar consecuencia alguna en el peor de los casos, o va a resultar menos gravoso su cumplimiento que si lo hubiera ejecutado en el momento de la condena.

A este desprecio por las resoluciones judiciales se apuntan las distintas administraciones públicas, demorando de forma indignante el cumplimiento de lo fallado y recurriendo las sentencias de forma sistemática, con la única intención de demorar aún más si es posible su cumplimiento. Además, a las Administraciones públicas les incumbe, sobre todo en algunas jurisdicciones -como puede ser la laboral-, el aumento caprichoso de la litigiosidad, no concediendo pensiones, restringiendo las mismas, etcétera, cuando ya los tribunales se han manifestado con reiteración en considerar no ajustados a derecho criterios de los organismos administrativos en aplicación de una determinada norma.

Procedimiento judicial

Este estado de cosas es evidente que no se puede mantener por mucho tiempo, y que es acuciante poner en marcha las medidas para su solución, con voluntad política, sin que quepan más actuaciones diletantes a la hora de afrontar los problemas planteados, teniendo en cuenta que la justicia es un servicio público, ya que nuestra Constitución establece que la misma emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados. Por tanto, el impulso de cualquier reforma que se establezca debe estar dirigido a hacer realidad esa declaración de principios, sin que para ello pueda ser obstáculo cualquier reivindicación corporativa de ningún sector profesional.Conclusión imprescindible para seguir esa línea de actuación política es aflorar al conjunto de la sociedad los problemas existentes, para poder contar con su apoyo en aquellas medidas drásticas que se deban adoptar, y que, sin duda alguna, como ha ocurrido hasta el presente, van a intentar boicotear sectores profesionales de todos conocidos, que por ideología o intereses puramente egoístas pretenden que las cosas sigan como están o, mejor aún, retornen a un pasado reciente. Por ello, en las discusiones del congreso no vamos a obviar ningún tema de discusión, afecte o no a un colectivo profesional determinado o de su análisis se derive una mayor o menor crítica a la política gubernamental referida a la justicia. Máxime si se tiene en cuenta que el colectivo-núcleo en la aplicación de la justicia -los jueces y magistrados- está sometido, bien es cierto que por el impulso de unos cuantos, a un proceso de autocrítica social, lo que legitima una discusión sin ambages, y en la que abogados, fiscales, procuradores, secretarios judiciales y funcionarios de la Administración de justicia estamos dispuestos a entrar, con el único objeto de que la justicia funcione y se convierta en un auténtico servicio público, que es de la única forma que puede cumplir uno de sus más importantes fines: ser modificadora, hacia la solidaridad, de los comportamientos individuales y sociales. El congreso asamblea nace, en definitiva, porque estamos convencidos de que para que nuestro Estado social y democrático de derecho no sea una mera enumeración teórica sin contenido, es necesaria una serie de medidas tendentes a que se utilicen todos los recursos existentes, antes de producir nuevos incrementos de oficinas sin que previamente se haya modificado el procedimiento judicial y evaluando con justeza las necesidades, tanto para intentar poner al día lo atrasado como para que en el futuro no se puedan producir situaciones como la actual. Para que, en definitiva, la justicia sea rápida, oral y practicada por el juez natural, como exige nuestro texto constitucional.