El Constitucional estudiará la ley antiterrorista la próxima semana

El Tribunal Constitucional ha fijado para el pleno de la próxima semana la deliberación y votación sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados por las comunidades autónomas vasca y catalana contra la ley orgánica de 26 de diciembre de 1986, conocida como ley antiterrorista. La inmediata. firma de la sentencia dependerá del grado de consenso que se alcance entre los 12 miembros del alto tribunal sobre el proyecto de sentencia preparado por el magistrado ponente, Miguel Rodríguez-Piñero.En medios jurídicos y políticos existe gran expectación sobre esta sentencia, que fijará el marco jurídico de las nuevas normas antiterroristas que el Gobierno negocia con la oposición para sustituir precisamente a la ley recurrida. Los preceptos de la vigente ley antiterrorista que el Gobierno desea pasar al Código Penal, en caso de tipos delictivos, o a la ley de Enjuiciamiento Criminal, en caso de normas procesales, estarán condicionados por la resolución del alto tribunal.

Asunto prioritario

Aunque inicialmente estaba previsto que el alto tribunal diera prioridad a la resolución de los cinco recursos de inconstitucionalidad contra la legislación sobre cajas de ahorro, fuentes próximas al citado organismo señalaron a este periódico que varios magistrados plantearon en las últimas reuniones plenarias la conveniencia de anticipar la decisión sobre la ley antiterrorista. A partir de la inclusión de este asunto en el orden del día del pleno que comienza el 18 de noviembre próximo, el Tribunal Constitucional cuenta con un plazo ordinario de un mes para resolverlo.Según el nuevo sistema de trabajo del tribunal desde octubre último, el pleno estudia los asuntos por bloques de temas. De ahí que en el mismo debate sobre la ley antiterrorista resolverá la cuestión de inconstitucionalidad presentada por la Audiencia de Pamplona sobre si la asistencia letrada a los presuntos terroristas detenidos se limita, como ocurre en la actualidad, a la designación de abogado de oficio o debe incluir la libre elección de letrado.