Algunas eléctricas proponen retrasar la conexión a la red de las centrales nucleares Trillo y Vandellós II

Algunas empresas eléctricas han sugerido al Ministerio de Industria y Energía que retrase un año, por lo menos, la entrada en funcionamiento de las centrales nucleares Trillo I y Vandellós II, al fin que su conexión a la red no tenga efectos excesivamente alcistas sobre la prevista subida de tarifas de primeros del próximo año. La Administración y las empresas estudian estos días el porcentaje de aumento de tarifas que resultará de la aplicación del nuevo método de cálculo tarifario, más conocido como "marco legal y estable".

La propuesta de retrasar la puesta en marcha de las dos centrales nucleares, previstas para entrar en funcionamiento a lo largo de 1988, ha sido sugerida por los representantes de empresas como Sevillana de Electricidad y, hasta cierto grado, por Hidrola, que argumentan que la suma de casi un billón de pesetas adicional al inmovilizado neto en generación del sector ya pactado con la Administración (3,4 billones de pesetas) provocaría una alza en las tarifas que sería difícil de justificar políticamente.Asimismo, los expertos de estas empresas estiman que el reparto del aumento previsto en las tarifas correspondientes a 1988, benefeciarían a las empresas propietarias de estas centrales (Endesa, Unión-Fenosa e Hidrocantábrico, en el caso de Trillo I y Endesa y las catalanas, en el caso de Vandellós II) en detrimento de las empresas sin participación en la propiedad de los dos grupos.

El debate tarifario, junto a la tasa de rentabilidad de las inversiones en activos y la revisión del contrato de suministo que la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa) tiene firmado con el sector privado, son las tres cuestiones básicas que faltan por cerrar del denominado nuevo marco legal y estable que el ministerio de Industria prepara para antes de primeros de año. Los aumentos de tarifas han provocado ya la elaboración de varias hipótesis de trabajo por los expertos del ministerio de Industria y de las diferentes empresas del sector, sin que haya dado tiempo todavía a cerrar la polémica.

Sin embargo, fuentes solventen señalan que un punto de compromiso se ha alcanzado ya, en gran medida, al estimar el desfase tarifario existente al final de 1986 en torno al 6,9524%, calculado éste según el nuevo sistema. Esto no equivale a decir, según las mismas fuentes, que el aumento de tarifas para 1988 se sitúe en torno a dicho porcentaje.

Por el contrario, fuentes de la Administración estiman que el aumento de tarifas se realizará de acuerdo a la nueva metodología de cálculo, si bien con la admisión de consideraciones derivadas de la política económica global y de los factores sociales que en ella intervienen.

Aumentos salariales

Más que el Indice de Precios al Consumo (IPC), apuntan las fuentes, un factor a tener en cuenta en la próxima subida serán las circunstancias derivadas de los aumentos salariales globales y de los incrementos de otros precios autorizados en sectores industriales que tienen que mantener su nivel de competitividad.Esta cuestión, que a primera vista podría resultar inconveniente para el sector eléctrico, no resulta tanto si se tiene en cuenta el mecanismo contable de costes diferidos introducido en el nuevo marco legal y estable. En otras palabras, la posibilidad de establecer periodos de amortización equivalentes a la vida media de un activo en producción permitirá resolver sin dificultad este problema, según apuntan fuentes familiarizadas con las estimaciones que maneja la Administración.

El documento sobre el nuevo marco tarifario presentado por el ministerio de Industria a consideración de la Comisión Delegada del Gobierno, realiza varias hipótesis sobre ingresos del sector en los próximos años. En todos ellos se calculaba una vida media para las instalaciones de generación de 25 años, si bien ahora se baraja la posibilidad de ampliar este plazo a 30 años.

Dentro de este contexto tarifario, la Administración estudia con las empresas una posible nueva solución para la financiación de la moratoria nuclear, habida cuenta del efecto que tiene ésta sobre el reparto tarifario. No se descarta, en este sentido, que se proceda a afrontar alguna solución definitiva para la central nuclear de Lemóniz, habida cuenta que la financiación de las inversiones realizadas en los dos grupos totalizan, en los años pasados, un porcentaje próximo al 50% del fondo del 3,9% de tarifas reservado para la moratoria nuclear.

Por último, también hay que tener en cuenta la posibilidad de hacer uso del sistema de correcciones establecido en el marco para los casos de desviaciones sobre los parámetros previstos.