Subvenciones religiosas

La Constitución proclama que "la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan, los poderes del Estado" (artículo 1.2) y que "los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones (artículo 16.3)".En atención a esa soberanía, el Gobierno tiene la obligación de administrar el erario público para satisfacer aquellas necesidades que colectivamente reclaman los ciudadanos. Así, los que nos reconocemos católicos -más del 60%- tenemos todo el derecho del mundo de ver cubiertas a cargo del Estado nuestras necesidades religiosas, sin que ello suponga favoritismo alguno con respecto a otras confesiones, puesto que rigen criterios de proporcionalidad, tal como sucede con la financiación de los partidos políticos. Lo injusto y desigual es que se dediquen subvenciones a grupos teatrales como Els Joglars y haya quien pretenda que se desampare a la Iglesia que arropa a la gran mayoría de españoles.

La Iglesia presta desinteresadamente, y con amor, servicios sociales de extraordinaria complejidad y riesgo. Mientras que los policías protestan por tener que trasladar presos enfermos del SIDA; los bomberos exigen mascarillas para hacer la respiración artificial a estos enfermos; el personal sanitario reclama guantes, primas, horarios reducidos, etcétera..., el Papa abraza a un niño afectado de esta enfermedad y la madre Teresa de Calcuta quiere abrir en Barcelona un centro para acoger a los afectados por el SIDA, que se sumaría al que ya funciona en EE UU. Incluso desde una óptica mercantilista y atea, ese 0,5239% por el que algunos patalean supone una baratija con la que se paga a una mano de obra barata.-