La oposición utilizará el informe del Defensor del Pueblo para controlar al Gobierno

Los grupos parlamentarios de la oposición utilizarán la información suministrada ayer en el pleno del Congreso por el Defensor del Pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez, en su informe de 1986, para solicitar explicaciones a los responsables de los departamentos de la Administración en los que se presentan deficiencias. Según el informe, se registra un alto grado de carencias en el campo de los derechos sociales, económicos y culturales. Ruiz-Giménez pidió desde la tribuna la modificación en algunos aspectos de la ley orgánica que regula esa institución, lo que provocó sorpresa en el Gobierno."Me ha causado sorpresa esa petición porque no había comunicado nada previamente", dijo el ministro de Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero. RuizGiménez había expresado "la conveniencia" de reformar la ley, entre otras cosas sobre las relaciones de la institución con la Administración de Justicia.

Los portavoces de la oposición fueron unánimes al constatar que la moderación y tono constructivo de Ruiz-Giménez en la tribuna de oradores no se correspondía con algunas de las graves quejas que figuran en la memoria sobre el funcionamiento de la Administración.

El diputado de AP Ignacio Gil Lázaro, así como el de Minoría Catalana, Jordi Casas, y posteriormente el CDS, anunciaron que pedirán la comparecencia en el Congreso de responsables de Justicia, instituciones penitenciarias y políticas de juventud para que respondan de las anomalías que los ciudadanos han hecho llegar a esa institución.

El diputado del CDS Francisco Javier Moldes resaltó que ,nunca una institución tan poco onerosa ha prestado tanto servicio a los ciudadanos". Emilio Olabarría, del PNV, calificó de "intolerable" la actitud de algunas instituciones que se resisten a dar respuesta a los requerimientos del Defensor. La diputada del PDP, Pilar Fernández Labrador extrajo de la lectura del informe Ias desconsideraciones de algunas instituciones para con los ciudadanos". Ramón Espasa, de IU, puso también el acento en las deficiencias de la Administración.

El portavoz socialista José Antonio Amate reprochó a algunos de los intervinientes utilizar el informe de manera que diese la impresión "de que nada funciona". Tras reiterar el apoyo de los socialistas al Defensor del Pueblo anunció la disposición de su grupo de hacer lo posible para evitar determinadas actuaciones de la Administración como la renuencia a contestar.