El uso de drogas y la justicia

En el ámbito del II Congreso Mundial Vasco, se ha desarrollado en San Sebastián, del 3 al 11 de septiembre, un congreso sobre la drogodependencia. Se han tratado aspectos farmacológicos, preventivos, terapéuticos, asistenciales, jurídico-penales, los relativos al impacto de los medios de comunicación sobre la opinión pública y las políticas actuales de control de drogas.

En lo que atañe especialmente a los dos últimos aspectos, los trabajos de San Sebastián constituyen una contribución innovadora, y es de esperar que el eco de este congreso pueda llegar al resto de Europa. Ello podrá contribuir a romper esquemas y hábitos mentales que son la base de un círculo vicioso en el que el problema actual de la droga corre el riesgo de permanecer encerrado y con escasas posibilidades de solución. Bajo este punto de vista, diversos trabajos han llamado la atención en San Sebastián sobre los efectos negativos o costes sociales que produce la actual política de penalización del uso de ciertas drogas.La prohibición del tráfico y consumo de algunas drogas introduce en su venta una variable de perversión que las convierte en una mercancía que procura incalculables beneficios a los grandes productores y traficantes. En el mercado negro que se crea de este modo se introduce una red internacional del crimen organizado que puede alcanzar posiciones muy elevadas tanto en lo que respecta al poder económico como al político, e influir y corromper el sistema de los poderes legítimos de los Estados. También resultan negativos los efectos de la acción de la justicia penal sobre los consumidores. Los altos precios que alcanzan estos productos en el mercado negro obligan, además, a muchos consumidores a participar en el pequeño tráfico para poder pagarse la dosis de la sustancia que necesitan. A la dependencia de esta última se agrega, en su caso, la otra -no menos peligrosa- de la cadena del tráfico ilegal, de la cual se convierten en los últimos peones, los más explotados y los más reprimidos. El estigma social del que son objeto determina que se margine a una parte de drogodependientes y se forme una subcultura en la que los excluidos buscan recíprocamente un sostén.

También los perjuicios a la salud, a veces trágicos, que padecen los drogodependientes son en buena medida efecto de la mala calidad de las sustancias asimiladas, carentes de control sanitario porque su uso está prohibido, por las dificultades de una dosis adecuada debido al porcentaje variable de la sustancia psicótropa en relación con los aditivos arbitrarios, y a menudo también por las condiciones precarias de vida.

De acuerdo con algunos estudios presentados en San Sebastián, también resultan negativos los efectos de la intervención del sistema penal sobre la acción de los otros sistemas de control implicados en el problema. El marco punitivo en el que está prácticamente inserta la acción terapéutico-asistencial, de acuerdo con las legislaciones actualmente vigentes en Europa, impide poner en práctica los principios y métodos más avanzados para el tratamiento y reinserción social de los drogodependientes, y con frecuencia actúa en sentido opuesto.

La intervención o no del sistema penal no parece tener una influencia significativa sobre la oferta y demanda de la droga. A pesar de las espectaculares acciones de las policías de todo el mundo, de las que la Prensa informa diariamente, los sistemas oficiales revelan que la acción conjunta de las policías nacionales e internacionales logra sacar del mercado no más del 5% al 10% del volumen de los productos ilegales.

La atención que el congreso ha dedicado al papel de los medios de comunicación en el problema de la toxicodependencia está bien justificada por el hecho de que, como los estudios en la materia lo han demostrado, los medios de comunicación hoy presentan una imagen parcial y deformada del propio problema, en la que el aspecto médico-social predomina sobre el criminal. Con ello, los medios de comunicación contribuyen a perpetuar un estereotipo del drogadicto y una actitud del público que favorece la actual política de penalización.

En buena parte, contribuye a que resulte difícil el cambio en la política de control de drogas la internacionalización de los actuales métodos represivos a través de tratados (la Single Convention de 1961, las sucesivas y las que están actualmente en preparación). Esto introduce en el tratamiento del problema ciertos automatismos y una intransparencia que hacen difícil para cualquier Estado buscar y encontrar nuevos métodos, y es necesario sobre todo poner fantasía e innovación al servicio de una manera más adecuada de concebir y afrontar los graves problemas causados por todas las drogas peligrosas, comprendidas el alcohol y el tabaco, que provocan efectos mucho más graves (cuantitativamente) que las drogas prohibidas.

Despenalización

Tal vez hoy despenalizar es aún un concepto impopular, pero del cual se ha hablado seriamente en San Sebastián. Los expertos y los estudiosos favorables a un cambio de las actuales políticas antidroga están muy lejos de sostener que discriminar signifique falta de control y de reglas.

Significa, en cambio, sólo eliminar en parte la intervención de un sistema de control con escasa eficacia y graves efectos negativos y dar mayor amplitud y recursos a sistemas como el informativo-educativo y el terapéutico-asistencial. Normas administrativas de control apoyadas por sanciones apropiadas y razonables serían de todos modos necesarias en el caso de una despenalización.

Se trata, entre otras cosas, del control de la calidad de las sustancias, de la prohibición de suministrárselas a menores y toxicodependientes, de prohibir la publicidad (extensiva a todas las drogas peligrosas, incluso las hoy permitidas); se trata, por último, del control administrativo y fiscal de la actividad productiva y comercial relacionada con las drogas para impedir la formación de grandes concentraciones monopolizadoras y de nuevas formas de introducción del crimen organizado en este sector.

es profesor de Filosofía y Sociología del Derecho en la universidad de Saarland (RFA). Dirige la revista Dei Delitti e delle Pene (Nápoles), que trata temas de sociología jurídico-penal y de criminología.

Traducción: C. Scavino.