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Las tarifas se actualizarán antes del marco legal estable

Andreu Missé

El marco legal estable del sector eléctrico, que regulará la evolución de tarifas de las empresas, constituirá la culminación del trabajo iniciado por los anteriores responsables del sector, energético, Martín Gallego y Carmen Mestres. Sin embargo, faltan al menos seis meses para ponerlo en funcionamiento, según estimaciones del sector, ya que aún no se ha logrado un acuerdo sobre los detalles del mismo y posteriormente debe ser tramitado en las Cortes. Para evitar un desfase durante la tramitación se recurrirá a una actualización convencional de tarifas, según adelantó en Barcelona subsecretario de Industria, Migue Ángel Feito. La actualización modificará las tarifas dentro de un margen muy pequeño, debido a la repercusión favorable de la baja del dólar, según Feito, quien añadió que este factor favorable no tenía que repercutir necesariamente en que las tarifas bajaran.Durante la negociación del marco legal estable, cuya principal característica radicará en que la evolución de las tarifas se planificará a varios años vista mediante una norma con rango de ley, los recelos mutuos entre sector privado y sector público- administración, que constituyen uno de los grandes problemas de fondo del sector, han seguido sin disiparse, según la apreciación de fuentes técnicas. Estos analistas consideran que la crisis de Fecsa ha demandado la máxima atención de unos y otros, lo que ha impedido proseguir con el trabajo de recuperación del sector iniciado por el equipo Gallego-Mestres.

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Algunas empresas aceptarían una evolución de tarifas paralela al IPC si se resolvieran otras cuestiones que consideran importantes. Citan en este sentido el coste del 3,9% de la facturación para refinanciar el parón de las centrales de Lemóniz y Valdecaballeros, que supone unos 40.000 millones de pesetas al sector. Exigen por otra parte una norma legal que permita una laminación suficiente de los costes financieros, aplicando diferimientos de costes a la entrada en explotación de las grandes instalaciones (nucleares y bombeo). Consideran también conveniente alargar la vida medía de las instalaciones (nucleares hasta 35 años y saltos hidráulicos hasta 65).

Saneamiento nuclear

Resultan especialmente polémicas las condiciones del contrato de compra de energía que liga a las eléctricas con la pública Endesa (Empresa Nacional de Electricidad, SA). A raíz del intercambio de activos, Endesa compró importantes participaciones, sobre todo nucleares, a varias empresas. Endesa vende la energía a las privadas, que la distribuyen a sus abonados. El precio que pagan las compañías es el calculado para que Endesa pueda amortizar sus adquisiciones.Los privados aceptan como válida esta fórmula para el caso de las compras de Endesa a las compañías privadas como FECSA (que vendió un 40% de Ascó-1). Pero se oponen a que se aplique el mismo criterio a la adquisición de activos a otras empresas públicas, como sería el caso de Enher (40%. de Ascó -2,54% de Vandellós-2). Las críticas contra esta situación se basan en la tesis de que los privados no deben pagar el saneamiento del sector público.

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