Víctimas de la droga

EL CONGRESO de los Diputados ha comenzado a debatir la nueva legislación penal sobre la droga. El proyecto de ley gubernamental prevé una agravación de las penas para los traficantes, medida que responde, más que a exigencias de política criminal, a razones de oportunismo político ante las presiones de determinados sectores sociales. Un aspecto nuevo y ciertamente eficaz del proyecto es el que articula una serie de mecanismos para perseguir penalmente el blanqueo de los ingentes beneficios que la droga proporciona a los traficantes. La nueva legislación ofrece una salida a la víctima de la droga, es decir, al pequeño traficante-consumidor que participa en el último eslabón de la cadena y que llega allí empujado por su dependencia. Esta salida es la remisión condicional de su condena, si ésta no excede de dos años de cárcel y siempre que haya demostrado su voluntad de someterse a tratamiento de deshabituación. Las víctimas de la droga, contabilizadas no sólo en muertes, de las que, exclusivamente por sobredosis de heroína, se produjeron en España 189 durante el año 1986, sino en miles de jóvenes reducidos por su causa a un estado de miseria física y moral, invaden todos los estratos del tejido social. Pero, paradójicamente, apenas merecen la atención de la sociedad y de los poderes públicos. Frente a esa desatención está únicamente la impotencia familiar, que se enfrenta en solitario a una tragedia creciente. El Ministerio de Justicia, redactor del proyecto de ley que se debate en el Congreso, ha tenido que poner mucho empeño para que el beneficio de la remisión condicional de la condena a favor del pequeño traficante-consumidor saliese adelante. Este hecho muestra la insensibilidad y las resistencias que aún existen en el seno de la Administración pública a abordar el problema de los drogodependientes de manera distinta de la meramente represiva.De tiempo en tiempo se producen capturas de años que se presentan con espectacularidad. En otras ocasiones han sido operaciones indiscriminadas en ciertos barrios o zonas urbanas, con cámaras de televisión incluidas y profusión de fotógrafos. Ese tipo de actuaciones policiales apenas tiene consecuencias, salvo las de la intimidación o el trato vejatorio a un buen número de personas, pues, en definitiva, la mayoría de los detenidos son puestos en libertad porque sus delitos no lo son o no constituyen faltas de suficiente entidad como para ser juzgadas.

Los poderes públicos han reaccionado tardíamente en España al complejo problema de la droga, pero, sin duda, el aspecto menos favorecido hasta ahora es el de la atención a los adictos, a lo s enfermos, y, en casos extremos, a los moribundos. El Estado invierte poco en esta actividad asistencial, y los centros privados de deshabituación quedan lejos de las posibilidades económicas de la inmensa mayoría de los atrapados por la droga. La asignación de 164 camas de la red hospitalaria pública para el tratamiento de toxicómanos, prevista en el Plan Nacional contra la Droga, no pasa de ser una medida testimonial. Su explotación óptima sólo permite atender a 3.600 enfermos al año.

En las salas de guardia de los hospitales se comprueba constantemente cómo la policía entrega a muchachos drogadictos hallados en las calles, a los que se presta una asistencia de reanimación -si se llega a tiempo- y se les devuelve al lugar donde fueron recogidos. Seres sin dinero ni rumbo son conducidos así, irremediablemente, al delito o a la muerte. Las madres y familiares de estos enfermos abandonados se manifiestan en las ciudades pidiendo solidaridad. Mientras se producen discusiones entre el Estado y los diversos gremios sanitarios sobre reformas y otros asuntos generales, no se toman medidas concretas, como la creación de granjas, talleres, residencias y centros asistenciales en los que ofrecer un rumbo razonable a los drogadictos. La alternativa de la autoridad es la de aceptar como fatal la situación presente, de modo que tiende aconsiderar la adicción como un mal inevitable y a clasificar a todos los drogadictos como viciosos y marginados incurables a los que el tratamiento que reclaman dejaría en el mismo sitio.