Todos los grupos parlamentarios, a favor de endurecer las penas por narcotráfico

Los portavoces de todos los grupos parlamentarios se centraron ayer en el Pleno del Congreso favorables a la filosofía del proyecto de ley de reforma del Código Penal en materia de tráfico ilegal de drogas por el que se endurecen notablemente las penas a los narcotraficantes, aunque no renuncian a la mejora de la ley en los sucesivos trámites. El diputado de Euskadiko Ezkerra (EE) Juan María Bandrés presentó una enmienda de devolución que antes de que se votara, dado que el único objetivo que perseguía era suscitar el debate. Bandrés sugirió que determinadas drogas se vendieran con receta en las farmacias, lo que movió la desaprobación unánime de la Cámara.

El diputado de EE, al terminar el debate, pidió la palabra para indicar que retiraba esta enmienda de devolución para "no darles la satisfacción a todos de votar en contra".El proyecto de ley del Gobierno endurece la anterior legislación de los socialistas en esta materia al modificar la redacción del artículo 344 del Código Penal. Según la nueva redacción, los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas o las posean con aquellos fines, serán castigados con penas que pueden ir de prisión menor en grado medio a prisión mayor en su grado mínimo y multas de un millón a 100 millones de pesetas en casos de grave amenaza a la salud.

En los demás casos, las penas irán de arresto mayor en su grado máximo a prisión menor en su grado medio y multas de 500.000 pesetas a 50 millones. El proyecto de ley prevé también agravantes en los casos en que se distribuya droga a menores de edad.

El proyecto de ley hubiera pasado directamente a la fase de comisión si Bandrés no hubiera presentado una enmienda de devolución sobre la que los representantes de todos los grupos tuvieron que intervenir y, como se vio, aprovechar para mostrar su apoyo al proyecto gubernamental, aunque matizado.

Bandrés dijo que no tenía unas convicciones muy firmes sobre cómo atajar este problema, aunque defendió su certidumbre de que el Código Penal no lo arreglaba. El diputado pidió a los parlamentarios que pensaran a nivel puramente teórico" que las drogas se pudieran vender en las farmacias con receta médica. Según Bandrés, seguiría habiendo muertes de jóvenes, pero al menos «se habría eliminado el negocio de la droga".

Oposición a la venta libre

El socialista Ángel Luna rechazó la liberalización total de las drogas. En primer lugar, según su criterio, en España aumentaría "de forma desaforada" el consumo de drogas, y explicó las experiencias liberalizadoras vividas en Holanda y en un barrio de Londres, sobre las que existen sendos informes, para concluir que habían sido un fracaso.

Según este diputado, la venta libre de drogas no acabaría con los circuitos clandestinos, habida cuenta de la subcultura que arropa ese mundo y el carácter simbólico para los consumidores de la compra ilegal.

Otro inconveniente de esta libertad, según Luna, sería el aumento de gastos sociales que traería el mayor y generalizado consumo de droga. El ministro de Justicia, Fernando Ledesma, apuntó un inconveniente ético cual era que el Estado sé constituyera "en recaudador de impuestos a costa de la degradación física de los ciudadanos".

Tan sólo José Ramón Caso, del CDS, recordó a los socialistas que su reforma de 1983, en la que se liberalizó el consumo de droga blanda para uso personal y una mayor suavidad en las penas, provocó un agravamiento de la situación y una posterior contrarreforma.