El fiscal pide entre 24 y 28 años de cárcel para los secuestradores del industrial Guzmán

El fiscal solicita penas que oscilan entre 24 y 28 años de reclusión para los tres presuntos etarras acusados del secuestro de industrial vizcaíno Juan Pedro Guzmán Uribe, hecho que hoy se juzga en la Audiencia Nacional. Mientras, el juez central de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Carlos Buerén, ha acordado abrir procedimientos individualizados a las personas o entidades que han pagado el impuesto revolucionario a ETA, según una nota del juzgado difundida ayer.

Esta decisión se ha adoptado tras la incorporación al sumario relativo al caso Sokoa de la documentación incautada por la policía francesa en aquella cooperativa de Hendaya el pasado 5 de noviembre. Según la nota del juzgado, esta documentación ha puesto de manifiesto parte de la contabilidad de ETA y sus ingresos y gastos. Lo que se pretende ahora es conocer si esos pagos son auténticos, su importe real y las restantes circunstancias que permitan determinar la naturaleza jurídico-penal de esa actuación.Los procesados por el secuestro del industrial vizcaíno son Juan Manuel Gaztelumendi, Joaquín Uráin, José Manuel Azcárate y José Antonio Usasola, acusados de ser los autores materiales del secuestro, y para los que el fiscal pide 28, 26, 24 y 12 años de cárcel, respectivamente, por varios delitos, entre los que figura la detención ¡legal de Guzmán. La quinta procesada, María del Carmen Pérez, esposa de Usasola, está acusada de complicidad en el secuestro del industrial, y el fiscal pide para ella siete años de prisión.

Según el relato de hechos del fiscal, Gaztelumendi, Uráin y Azcárate secuestraron a Guzmán en diciembre de 1985 y le trasladaron a una lonja de Basauri (Vizcaya) que había sido acondicionada por Usasola, donde permaneció retenido hasta el 10 de enero de 1986, fecha en que fue liberado por la policía y detenidos los acusados.

Ayer fueron juzgadas nueve personas, acusadas de ser miembros del comando Irati o de apoyar al mismo. Al comando se le imputa el ametrallamiento de un camión francés en Durango (Vizcaya) y el disponer de armas. Tres de los procesados reconocieron pertenecer a ETA. Los restantes negaron su pertenencia a la organización o a cualquier grupo de apoyo. El fiscal solicitó para ellos penas que oscilaban entre 8 y 29 años de prisión.

Juicios previstos

Para el próximo día 1 están señaladas cinco vistas: la de dos de los miembros del comando Orbaiceta acusados del asesinato de otro de los integrantes del comando; también será juzgada Mercedes Galdós, responsable del comando Nafarroa, que en esta ocasión está acusada del asesinato del alcalde de Olaberría José Antonio Vivot y de la colocación de una trampa bomba en Pamplona que causó la muerte a un niño de 14 años y a un policía; el histórico Juan María Tapia será enjuiciado por el atentado contra un convoy de la Guardia Civil, y por último, el policía municipal de Bermeo Fernando Uriarte, acusado de facilitar información a ETA para que asesinara a Antonio de Vicente.Por otra parte, María Milagros Erviti Trecu, esposa del etarra José María Tapia Irujo y primera mujer que fue entregada por Francia a la policía española por el procedimiento de urgencia absoluta, ha sido condenada a seis años de cárcel por colaboración con banda armada, según fuentes jurídicas citadas por Efe. María Milagros Erviti, de 40 años, fue entregada a las autoridades españolas el pasado 7 de febrero.