El asesinato político de cada día

Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancur, los dos médicos, los dos profesores universitarios y los dos defensores de los derechos humanos, fueron asesinados cuando salían del velatorio de un líder sindical, asesinado también 11 horas antes. Esto ocurrió en Medellín, la segunda ciudad más importante de Colombia, el martes 25 de agosto. Qué horror tituló a seis columnas un periódico al registrar estos hechos, que forman parte de la violencia política que azota al país.

Un mes antes, el presidente de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, el obispo colombiano Darío Castrillón afirmó: "En el país, la vida se está devaluando". Y es cierto. Además de las víctimas que se cobró la violencia social y la violencia del narcotráfico, el año pasado se registraron en Colombia 976 asesinatos de carácter político. Para este año, según la Comisión de Derechos Humanos, el número de víctimas de carácter político supera ampliamente esta cifra."En Colombia se quiere callar, silenciar las ideas de los que luchan por un país más humano, más democrático", afirma Abel Rodríguez, presidente de la Asociación Nacional de Educadores. En lo que va de año, 30 profesores han sido asesinados y muchos más han tenido que abandonar su lugar de trabajo por amenazas de muerte. "Todos éstos tenían un denominador común", explica un portavoz de FECODE, "eran líderes sindicales". Y agrega que en la sede de Bogotá permanecen "asilados" cinco maestros que no encuentran garantías para su vida en ningún lugar del país.

Siete líderes sindicales

La lista de muertos es muy larga. Hace poco más de dos meses, al finalizar una huelga en la zona bananera, al norte del país, aparecieron muertos siete líderes sindicales. En Medellín, donde la violencia se ha ensañado con mayor fuerza, en sólo mes y medio han caído seis profesores y siete estudiantes, todos de la universidad de Antioquía.Aunque han sido abatidos líderes de todos los partidos, liberales, conservadores, izquierdistas, el grupo más golpeado ha sido la Unión Patriótica (UP). Este partido surgió hace menos de dos años dentro del plan de apertura democrática, y de él forman parte el Partido Comunista y las FARC, el grupo guerrillero más grande de Colombia. En tan corta vida, 467 de sus militantes han sido asesinados. La historias de todas estas muertes parecen idénticas: abatidos por balas disparadas por sicarios motorizados cuando salían de su casa u oficina. Dos casos ocurridos hace dos semanas, sin embargo, tuvieron algunos visos que los hicieron diferentes. Para matar al senador Pedro Luis Valencia, los pistoleros derribaron la puerta de su casa y le acribillaron frente a su esposa e hijos. Esto ocurrió a plena luz del día en Medellín. El otro hecho que causó estupor fue el asesinato de un concejal de un pequeño pueblo. En el bolsillo del sicario, que también cayó muerto, fue encontrado un salvoconducto que le autorizaba para portar armas de fuego, firmado el día anterior por un jefe militar de la zona. El militar asegura que los sellos son verdaderos, pero su firma es falsificada.

"Por desgracia, la violencia política nos golpea desde hace tiempo", explica a EL PAÍS el dirigente y parlamentario de la UP Alberto Rojas Puyo. "Lo grave es que ahora se extiende mucho más allá. Golpea a los demócratas vinculados a la defensa de los derechos humanos y del pluralismo político. Esta larga lista de víctimas de la UP es, sin duda, un mecanismo para impedir el trabajo político a los grupos diferentes a los partidos tradicionales. Esta violencia se agudizará por la elección popular de alcaldes, pues los grupos tradicionales no van a querer compartir su espacio político".

Para otros, sin embargo, la UP está pagando sus incoherencias. Los que así opinan piensan que este grupo lleva un doble juego al querer utilizar las vías democráticas y a la vez tener un brazo armado: las FARC. A este grupo guerrillero se le acusa también de matanza de campesinos y asesinato de dirigentes políticos que no comparten sus ideas.

"El fenómeno de los sicarios ha hecho que en el país impere la ley del silencio y la impunidad", aseguró el procurador general de la nación (fiscal del Estado). De todas las investigaciones que se realizan en este momento para aclarar estos crímenes políticos ninguna ha arrojado resultados. Sólo por uno de los 473 crímenes contra la UP hay dos detenidos; los demás están en completa impunidad. Todos señalan como culpables a los 40 grupos paramilitares que operan en el país.

Temor y con razón

"Faltan elementos de juicio para sacar adelante estas investigaciones. No existen pruebas, pues la gente siente temor de declarar", afirma uno de los encargados de estos procesos. Y existen razones para este temor. Hace pocos meses en Barrancabermeja, una pequeña población del centro del país, fue asesinada una niña de sólo 14 años. Los sicarios creyeron que ella había sido testigo de un atentado contra miembros de la UP ocurrido en una cafetería. Pero se equivocaron y mataron a una familiar. La verdadera testigo, también de 14 años, vive escondida y atemorizada.A raíz de los últimos crímenes, el Gobierno anunció nuevas medidas para acabar con la impunidad. Se nombraron 100 nuevos jueces para investigar este tipo de delitos. Los miles de colombianos que han salido a las calles en estos últimos días en marchas silenciosas para exigir el derecho a la vida, portando pañuelos y claveles blancos, parecen estar de acuerdo con la opinión del ex presidente conservador, Misael Pastrana Borrero: "El país está al borde del abismo", dijo, y tras unos minutos de silencio corrigió: "No, el país está en el abismo".

Todos ellos saben también que tan cierto es lo que escribió el catedrático Héctor Abad Gómez horas antes de caer acribillado: "En Medellín hay tanta pobreza que se puede contratar por 2.000 pesos (menos de 1.000 pesetas) a un sicario para matar a cualquiera".