Pacto para la expansión
Los acuerdos sociales firmados hasta ahora, señalan los autores, tenían como objetivo básico la moderación salarial para así reducir la inflación y posibilitar una recomposición de los beneficios empresariales. Ahora, sin embargo, existe una nueva situación de relanzamiento económico que permite a los interlocutores sociales buscar una tasa óptima de crecimiento para los salarios reales, que no debe ser superior al crecimiento de la productividad agregada de la economía.
El cambio más significativo que se ha producido en la evolución de la economía española en los dos últimos años es la apreciable recuperación que está experimentando la demanda interna, tras un dilatado período de estancamiento de la misma.En el momento presente, a la hora de plantear las condiciones de un nuevo acuerdo social, no podrá olvidarse esta nueva situación.
Los acuerdos firmados hasta ahora, al serlo en un contexto de estancamiento e inflación, tenían como componente básico el de la moderación salarial para, de esta forma, reducir la tasa de inflación y posibilitar una recomposición de los beneficios empresariales, en espera de que éstos estimularan el relanzamiento de la inversión.
Al constatar que en la actual coyuntura no parecen ser éstos los problemas más acuciantes de nuestra economía, diseñar un nuevo pacto social que sea una mera reproducción de los anteriores supondría, a nuestro entender, desaprovechar la oportunidad de abordar el principal reto que actualmente tiene planteado nuestra economía: la creación de empleo.
Así, pues, el cambio en la coyuntura económica y la imperiosa necesidad de afrontar dicho problema exigen un acuerdo social distinto: no se trata de reproducir un acuerdo para el ajuste, sino de diseñar uno de nuevo cuño capaz de consolidar y reforzar la expansión.
En nuestra opinión, este nuevo pacto deberá replantear las bases sobre las que se ha venido asentando la concertación social en España.
En primer lugar, es preciso admitir que existe una tasa óptima de crecimiento de los salarios reales que maximiza la inversión agregada. Si bien es cierto que la congelación de los salarios ha permitido incrementar los excedentes empresariales (efecto Ricardo), no es menos evidente que por el lado de la demanda una política de permanente moderación salarial deprime la demanda de consumo y, por tanto, disminuye las necesidades de nueva inversión (efecto Keynes).
Crecimiento salarial
Es una tarea central de los partícipes en la negociación del pacto encontrar para la nueva situación, y de acuerdo con el contexto económico exterior, esta tasa óptima de crecimiento de los salarios reales, que en ningún caso debe ser superior al crecimiento de la productividad agregada de la economía.
Se trata, por tanto, de generar las condiciones de demanda que permitan la máxima expansión de la inversión y, con ello, la recuperación del empleo. En este contexto, a la política monetaria se la podría asignar como objetivo prioritario el de minimizar los tipos de interés de la economía, dejando a la política de rentas y a otras políticas específicas la tarea adicional del control de la inflación.
De este modo, los empresarios, al comparar los beneficios esperados del capital con unos tipos de interés decrecientes, encontrarían un nuevo marco financiero favorable para la expansión de sus inversiones.
Obsérvese que la negociación centralizada de los incrementos de salarios permite relajar hasta cierto punto la política monetaria. En cambio, en un contexto alternativo de negociación descentralizada de los salarios a nivel de sector o de empresa, la política monetaria debería atender forzosamente objetivos generales antiinflacionistas, dificultando con ello la expansión de la inversión.
Estas distintas bases macroeconómicas sobre las que puede funcionar un nuevo pacto (negociación centralizada, conexión entre salarios reales y productividad, y política monetaria menos restrictiva) no agotan el contenido forzosamente minucioso de un sutil y refinado contrato social que deben definir los agentes sociales afectados: Gobierno, sindicatos y organizaciones empresariales.
Un compromiso basado en el ajuste no sólo sería socialmente inasumible, sino económicamente inconsistente en el nuevo contexto de reactivación.
El futuro pacto social debe ser, pues, un pacto para la expansión.
