El diálogo y la negociación con ETA
Para acabar con el terrorismo de ETA, y cualquiera que sea la evolución de los acontecimientos, será -Preciso, más pronto o más tarde, negociar. Un movimiento como ETA, con más de un cuarto de siglo de existencia y -que cuenta con el apoyo político, directo o indirecto, de 200.000 vascos, no desaparecerá por el solo efecto de la eficacia policial. Podrá haber quizá un alto el fuego temporal, forzado por la presión francesa u otros factores; pero sin la firma de un acuerdo público que sancione el fin de las hostilidades y sea considerado aceptable por la mayoría de esos cientos de miles de ciudadanos, no tardarían en surgir de esa amplia base social núcleos, seguramente más radicales aún, dispuestos a seguir la práctica terrorista.La negociación es, por tanto, ineludible. Ello significa que el mantenimiento de vías de comunicación, a la espera de una situación, por el momento no previsible, que permita llegar a esa negociación, es conveniente. También lo es que desde ahora queden claros los límites de lo negociable. La distinción entre negociación política y negociación no política, habitual en los pronunciamientos del Gobierno desde hace dos o tres años, es ambigua. Toda negociación entre el Gobierno- legítimo y ETA es, por el hecho mismo de producirse, política. Si el' objetivo de la misma es discutir fórmulas que permitan, en determinadas condiciones y en unos plazos acordados, lo que ha dado en llamarse reinserción social de los activistas, a cambio de la renuncia al uso de la violencia, nos encontramos ante una negociación política al ciento por ciento.
ETA y HB, por motivos de imagen, rechazan la reinserción social. Pero su consigna central sigue siendo la que reclama la amnistía. Dicha palabra, o significa el regreso a la vida civil de los militantes presos, exiliados o en activo, a cambio de renunciar a las armas, o no significa nada. Ni siquiera los más fanáticos coreadores de la consigna pueden pretender que personas condenadas por hechos como poner una bomba en un supermercado sean puestas en libertad para que puedan poner más bombas en más supermercados.
Llámese reinserción social o amnistía, se está, así pues, hablando de lo mismo. La Constitución no permite la promulgación de amnistías generales, aunque sí de indultos personales. Una negociación para buscar fórmulas que permitan forzar la legalidad hasta el punto de producir un efecto idéntico al de una amnistía, en la que es evidente que el Gobierno asumiría enormes riesgos políticos, no sería fácil. Pese a las dificultades, tal negociación, eminentemente política, es posible y deseable..
La distinción entre esa negociación y lo que Felipe González denomina "negociación política, es decir, con contrapartidas políticas", no se debe a ningún miembro del actual Gobierno. Fue planteada hace años por Mario Onaindía, principal impulsor de la negociación con ETApm, y acabó siendo asumida por el Parlamento vasco. Onaindía entendía por "negociación política propiamente dicha" -por oposición a lo que llamaba "negociación técnica"- aquella en la que en un plato de la balanza se pusiera la: renuncia de ETA a la lucha armada, y en el otro, determinadas reivindicaciones planteadas por la organización armada, como, por ejemplo, la integración de Navarra en Euskadi, caracterizadas por afectar directamente a los ciudadanos, y no sólo al Gobierno y a ETA.
'Alternativa KAS'
El núcleo del debate sobre la cuestión no reside, por tanto, en si las eventuales contrapartidas coinciden o no con la alternativa KAS, sino en si esas contrapartidas afectan únicamente a los interlocutores o implican a otras fuerzas -políticas y sus representados. Por lo demás, los principales dirigentes de HB, y en particular aquellos que tenían más motivos para conocer el pensamiento de la dirección de ETA al respecto, ya aclararon hace años que de lo que se trataba no era tanto de la alternativa KAS ("que sólo constituye un punto de arranque de la discusión"), como del desbloqueo de las dos cuestiones fundamentales planteadas en dicha lista de reivindicaciones: Navarra y la autodeterminación. Pero la aceptación dé esas dos reivindicaciones significaría lo siguiente. Por una parte, que debe modificarse la Constitución, negociada entre todas las fuerzas políticas españolas, de derecha y de izquierda, y votada por la gran mayoría de los ciudadanos, para dar satisfacción a la demanda presentada por una minoría. Y ello porque tal demanda es planteada, además de por los votos de esa minoría, mediante las armas: matando gente. Significa también, por lo que a Navarra respecta, que o bien se pasa directamente por alto la voluntad reiteradamente manifestada por los propios ciudadanos navarros, o bien se fuerza a esos ciudadanos a pronunciarse nuevamente, y ahora en el sentido querido por ETA, cambiando para ello la petición de voto de los partidos mayoritarios en dicha comunidad.
A este tipo de negociación se refieren ETA y HB cuando plantean su necesidad. Tal negociación es imposible en términos reales, y además indeseable. Su aceptación, o la simple ambigüedad respecto a su posibilidad, significaría dar la razón a todos los Tejeros que piensan que por pretender lo que pretenden por la fuerza, los ciudadanos deben aceptarlo si no quieren atenerse a las consecuencias.
Al Gobierno le asiste la razón, por tanto, cuando rechaza esa negociación. Y hace bien en expresar su posición firmemente, y por adelantado, a la vez que admite la posibilidad, y hasta conveniencia, de mantener vías - de diálogo con ETA. La distinción, si se explica, resulta clara, y seguramente aceptable para la mayoría de los ciudadanos. Lo que ya -parece menos justificado es la obsesión logo máquica por tratar de exorcizar la realidad a base de conjuros.
Si, como ha acabado por admitir Solana, "siempre ha habido, hay y habrá" contactos con ETA, se explica mal el porqué de las airadas negativas que siguieron, hace un año, a la difusión de noticias sobre la existencia de tales contactos.
No sólo se explican mal, sino que son muestra de irresponsabilidad. La difusión de tales noticias dio ocasión a que diversas fuerzas políticas del País Vasco se pronunciasen en favor de la profundización de esos contactos. En el mismo sentido, con unas u otras matizaciones, con mayor o menor cautela, se pronunciaron también los principales órganos de opinión de inspiración democrática de toda, España. ETA, que tenía motivos para. saber que esos contactos sí habían tenido lugar, interpretó la negativa del Gobierno a admitirlos como un síntoma de que poderosas fuerzas muy influyentes en el sistema impedían al Ejecutivo seguir avanzando en la vía iniciada. El recurso al atentado indiscriminado, preferentemente en la capital de España, se explica, desde dentro de la alucinada lógica militarista de la EETA actual, como un intento por quebrar esas últimas resistencias a la negociación.
Ambigüedades del PN V
Las ambigüedades del nacionalismo moderado sobre la cuestión contribuyeron también a alimentar esa lógica de la muerte. Al difuminar deliberadarnente retrocediendo respecto a posiciones anteriores- la distinción entre lo que sí podría ser objeto de negociación y lo que, por afectar a derechos y libertades de las personas, quedaba fuera de su horizonte posible, el PNV estimuló durante un tiempo las fantasías bélicas de ETA, que vio confirmada, desde fuera, su autoatribuida condición de ejército de liberación vasco y, en cuanto tal, de representante implícito de todo el pueblo vasco. Jesús Insausti, entonces presidente del PNV, llegó a afirmar que si el resultado era la pacificación, cualquier negociación, sin excluir una entre ETA y el Ejército español, en la que se discutieran las reivindicaciones políticas planteadas por los violentos, era deseable.
Con ese importantísimo aval., ETA se consideró doblemente legitimada. Por una parte, su caudal de asesinato:; no había sido inútil, ya que se había demostrado la eficacia del recurso a las armas para concienciar a la mayoría de los vascos de que, como dijo Peixto, Ia alternativa KAS rebasa a ETA y HB; viene a ser el norte de todo aquel que, consciente o inconscientemente, se siente vasco". Por otra parte, la continuidad de los atentados, especialmente si lograban producir un fuerte impacto emocional, se convertía en una necesidad ineludible para doblegar a los "poderes fácticos" y permitir así plantear las cuestiones de fondo, de igual a igual, en una "verdadera negociación política".
Una argumentación formalmente idéntica acaba de ser esgrimida por los dirigentes militares de la contra nicaragüense para justificar su voluntad de seguir en la brecha. "¿Cómo vamos a renunciar", han declarado, "justamente ahora que acaba de demostrarse que nuestra presión militar ha obligado a ceder a Ortega?". Ésa sigue siendo la lógica última de ETA, y de ahí la importancia de que unos y otros dejen de jugar con las palabras para evitar que torpezas y oportunismos sigan alimentando el delirio de los profetas armados. Porque es lo cierto que en este asunto todos los protagonistas siguen Jugando con las palabras. Los abertzales radicales, negando la reinserción social, pero reclamando la amnistía. El Gobierno, rechazando y confirmando, alternativamente, la existencia de contactos, y empecinándose en negar carácter político a algo que lo tiene por naturaleza. Y los nacionalistas vascos moderados, desde un oportunismo simétrico, haciéndose los distraídos respecto a la frontera que separa la negociación deseable de la imposición por la fuerza.
Cuando una organización terrorista que se pretende ejército de liberación solicita insistentemente la apertura de negociaciones, está reconociendo implícitamente que no considera posible la victoria. Sería insensato dejarse cegar por la retórica de trompetas victoriosa con que los propios terroristas tratan de ocultarse a sí mismos -y de disimular ante sus seguidores la realidad de ese reconocimiento. Pero sería una torpeza aún mayor mantener- cualquier equívoco sobre los límites infranqueables de toda posible negociación. Porque si algo ha demostrado la experiencia reciente es que toda ambiguedad al respecto es interpretada por ETA como una confirmación de la eficiencia de las bombas ara quebrar la voluntad democrática de los representantes de los ciudadanos y, por tanto, como una invitación a redoblar su escalada.
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