Los condenados en el 'caso Bultó' piden una indemnización de 30 millones de pesetas

Los abogados de los tres independentistas catalanes condenados a un total de 78 años de prisión por su implicación en el asesinato del industrial Josep María Bultó reclaman al Gobierno español una indemnización total de 30.980.539 pesetas. Según los defensores de los independentistas, esta sería la compensación a los supuestos daños ocasionados a sus defendidos por la Administración de justicia, al juzgarles sin garantías procesales. La petición ha sido formulada por los independentistas Xavier Barberá, Antoni Messegué y Ferran Jabardo ante el Tribunal Internacional de los Derechos del Hombre, con sede en Estrasburgo, donde en el mes de octubre de 1983 entablaron una demanda contra el Gobierno español por supuesta transgresión de los derechos humanos. El escrito en el que reclaman la citada cantidad fue presentado el pasado mes de mayo ante los jueces que estudian el caso pero, hasta hace pocos días, ha sido mantenido en secreto en espera de que el Gobierno conociera y respondiera oficialmente a la petición de los independentistas.

Salarios no percibidos

Los abogados defensores han evaluado y detallado, dentro de la reclamación, diferentes conceptos. Se encuentran consignadas las compensaciones económicas como contrapartida a los supuestos perjuicios morales sufridos por las detenciones, que se elevan a cinco millones de pesetas en los casos de Barberá y Messegué y a dos en el de Jabardo. Se incluyen también los salarios no percibidos por los detenidos durante el tiempo en que estuvieron en prisión y no gozaron del régimen abierto; los daños producidos por la ausencia de promoción profesional; los honorarios de los abogados defensores y los gastos de los viajes efectuados por sus asesores legales para preparar y plantear el caso. El documento de los abogados reproduce también en su totalidad las quejas y denuncias planteadas en el mes de octubre de 1983 contra España ante la Comisión de los Derechos del Hombre, que fueron desestimadas parcialmente por esa instancia preliminar. Los letrados solicitan ahora que el tribunal tenga en cuenta cada una de las primitivas acusaciones.

El pasado mes de julio, el Gobierno español, después de pedir al Tribunal de Estrasburgo diversas prórrogas, presentó ante esta corte la memoria en la que se rechazan las pretensiones de los demandantes. Con la presentación de esta documentación, el tribunal ha dado por concluida la fase de instrucción del caso y queda sólo por señalar la fecha de celebración del juicio y citar a las diversas personas que deberán comparecer en él.

En medios próximos al Tribunal de Estrasburgo se asegura que la vista oral y pública contra el Gobierno español puede celebrarse este año. Esta es la primera vez en la historia que el Gobierno español será juzgado por un tribunal internacional por una supuesta transgresión de los derechos humanos.