Interior considera que la presencia de un juez en el cuartel entorpeció la actuación anti-ETA

El juez de instrucción número dos de San Sebastián, Juan Piqueras; el fiscal de la Audiencia, Fermín Zubiri, y dos médicos forenses se personaron sobre las 10.15 en el cuartel de la Guardia Civil en Intxaurrondo para interesarse por el trato que estaban recibiendo unos detenidos durante la madrugada anterior, presuntos integrantes de un comando de ETA. El gobernador civil de Guipúzcoa, José Ramón Goñi,declaró que este gesto había interrumpido las investigaciones. La actuación judicial se produjo después de que una activista liberada de ETA Militar, Lucía Urigoitia Ajuria, muriese en un tiroteo con fuerzas especiales de la Guardia Civil en Pasajes de San Pedro (Guipúzcoa), en el transcurso de una amplia operación que ha permitido desarticular a uno de los dos grupos que forman el denominado comando Donostia.

La Guardia Civil detuvo a los otros dos presuntos integrantes del comando de liberados y a otras siete personas más, a las que acusa de pertenecer a la infraestructura del grupo, uno de los más activos de ETA Militar.Altos cargos del Ministerio del Interior explicaron ayer que no es habitual que el juez comparezca antes de que la policía finalice sus interrogatorios, aunque puntualizaron "que como todo el mundo sabe, está dentro de la legalidad". Sin embargo, puntualizaron que en este caso la aparición del juez, fiscal y dos forenses en el cuartel de ltxaurrondo durante el interrogatorio entorpeció las declaraciones de los detenidos, "sobre todo teniendo en cuenta que las primeras horas son las más productivas para establecer relaciones potenciales de los detenidos con otros miembros de la organización".

El juez y el fiscal estuvieron en el cuartel de la Guardia Civil desde las 10 y cuarto de la mañana hasta las tres de la tarde para interesarse por el trato que estaban recibiendo los detenidos. "Lo habitual", según Interior, "es que el juez comparezca entre las 48 y las 72 horas que permite la ley para la incomunicación". El último de los detenidos llegó a las dependencias a las dos de la madrugada, por lo que hubo ocho horas para interrogarle antes de la llegada de los representantes judiciales.

El titular del Juzgado de Instrucción número dos de San Sebastian, Juan Piqueras, que instruye las diligencias por la muerte de Lucía Urigoitia, afirmó anoche -informa - que su visita a las dependencias policiales donde se encontraban los detenidos responde estrictamente a sus obligaciones y competencias judiciales. "Se ha producido una muerte por arma de fuego y, simplemente, hemos cumplido con nuestro deber para tratar de esclarecer las circunstancias de esa muerte", manifestó a la salida del cementerio de Polloe de San Sebastián, pasadas las 21,30 horas, una vez concluida la autopsia. Piqueras dijo ignorar las declaraciones efectuadas por el gobernador civil de Guipúzcoa y declinó pronunciarse sobre el estado de los detenidos y sobre las circunstancias en que se produjo la muerte de la presunta activista.

El promedio de duración de los ínterrogatorios a los 70 etarras enviados desde Francia está, según datos del propio Ministerio del Interior, en 2'7 días.

La operación policial, iniciada a última hora de la noche del miércoles y desarrollada a lo largo de la madrugada en diferentes barrios de San Sebastián y en Hernani, ha permitido además localizar varios pisos francos y apoderarse de mucho armamento y material terrorista: 106 kilogramos de amonal, el explosivo cuyo poder destructor es dos veces superior al de la Goma 2 y que ha sido utilizado preferentemente por ETA en sus coches bomba de Cataluña, así como pequeñas cantidades de este otro explosivo, de trilita y de iremita; asimismo, nueve granadas, tres subfusiles, cinco pistolas, cuatro tubos de cartón preparados para el lanzamiento de granadas de carga hueca, 11 temporizadores, un mando a distancia, cinco bombonas de gas, 40 kilogramos de tornillos, varios lotes de matrículas falsas, 450.000 pesetas y una furgoneta robada a punta de pistola tiempo atrás.

Un guardia, hospitalizado

Ignacio Erro Zazu, Pelos, y Estanislao Echaburu Solabarrieta, Estanis, se resistieron a la detención y lesionaron a cuatro guardias civiles en el forcejeo, según fuentes oficiales. Uno de los agentes ha sido hospitalizado con fractura de cuatro costillas y erosiones en el tórax. Los etarras llevaban una pistola FN Brownig con una bala en la recámara y documentos de identidad falsos.

Según algunos vecinos, la acción policial se inició pasadas las once de la noche en Pasajes de San Pedro, con la detención de dos personas, presumiblemente los liberados del comando, que se encontraban en un Renault 12. Una tercera persona, que según todos los indicios era Lucía Urigoitia, viajaba en el mismo vehículo y pudo huir al advertir el cerco policial, yendo a refugiarse en el número 3 de la calle de Errenteria. Los efectivos de las UEI (Unidades Especiales de Intervención) de la Guardia Civil penetraron en la casa y ascendieron directamente al quinto piso.

Minutos después de las doce de la noche, la Guardia Civil voló la cerradura del quinto piso, letra D, penetrando en su interior. Estaba ocupado en aquel momento por Lucía Urigoitia y por los propietarios de la vivienda. La nota oficial facilitada posteriormente por el Gobierno Civil señala que los agentes que irrumpieron en la casa fueron recibidos a tiros. De acuerdo con esa misma nota, Lucía Urigoitia fue muerta por la Guardia Civil cuando empuñaba una pistola FN Brownig. Los vecinos afirman haber escuchado primero dos explosiones, luego unos disparos y muchos gritos.

Una vecina asegura que un guardia civil efectuó dos disparos en las escaleras, y que mientras los detenidos bajaban las escaleras hubo momentos de mucha tensión, con gritos como "quieto, quieto", "detente", y una exclamación de mujer diciendo "¿qué vais a hacer?".

Los detenidos en el número 3 de la calle de Errenteria son Manuel Muiños García y Alicia Pereira Muiños, primos entre sí y propietarios del piso, que ocupaban al menos desde hace año y medio. La Guardia Civil encontró en su piso dos subfusiles MAT 49, un subfusil UZI, dos pistolas Brownig, cargadores, tres granadas de mano fabricadas por ETA Militar, munición y documentación falsa.

La joven muerta poseía un carné de identidad falso a nombre de María Jesús Flamarique, tenía 28 años y había nacido en Otxandiano (Vizcaya).

Horas después, en Hernani fueron detenidos Marcos Larequi Arozpide, María Juncal Laregui Dorronsoro y María Dorronsoro Mocha, en unas viviendas en las que se encontró propaganda de ETAm. Las detenciones de Isabel Zabalegui Azpeitia y Ascensión Sierra San Martín se produjeron esa misma noche en Rentería y San Sebatián, respectivamente. El almacén de explosivos fue localizado en un bajo del barrio de Intxaurrondo.