Dos sindicalistas, citados a declarar por un juez militar
Dos delegados sindicales del hospital militar Gómez Ulla, de Madrid, han sido llamados a declarar ante un juzgado militar acusados de participar en la agresión a dos policías militares del citado centro médico. Los abogados laboralistas piden que el Juzgado Militar de Instrucción número 4 desvíe el asunto a la jurisdicción civil.No obstante, el expediente del caso alega indicios para procesar a los dos civiles mediante el artículo 85 de la ley de justicia militar que prevé penas de 3 meses y un día a seis años por agresión a un centinela. Según fuentes júridicas, en caso de que el juez considere que la agresión fue contra un, agente de la autoridad" en lugar de contra un centinela el asunto dependería de la jurisdicción ordinaria. Isabel Navajas Gordillo y José Luis Pérez Fernández encabezaban un acto de reivindicación para la revisión del convenio, secundado por otras 200 personas, cuando en el vestíbulo del hospital aparecieron policías militares.
Según la declaración de Pérez Fernández a este periódico, sólo tratamos de infundir calma ya que: "cuando la policía militar, unos 50 hombres, hizo amago de cargar se sucedieron las escenas de nerviosismo". La comparencia ente un juzgado militar de la ATS y del administrativo ha movilizado al personal civil contratado por el Ministerio de Defensa ya que José Luis Pérez preside el comité estatal de personal laboral del citado departamento que agrupa a 35.000 personas.
Además de la citación siguen en curso dos expedientes laborales por insubordinación clasificados de "muy graves", contra Isabel Navajas y José Luis qué fueron abiertos por el comandante Azores cuando los descubrió en la lavandería "explicando la situación a los trabajadores", según explica Pérez. Los expedientes podrían conducirles al despido.
Al día siguiente de los incidentes los huelgistas comunicaron los enfrentamientos con la policía militar a la delegada del Gobierno, Ana Tutor, que tras mantener una conversación con el director del hospital general comunicó que el asunto rebasaba su competencia.
El convenio de Ginebra prohíbe portar armas de fuego dentro de los centros hospitalarios, este puede ser el motivo por el cual tras los primeros enfrentamientos la dirección ordenó desarmar a los policías militares a pesar de que los soldados encargados de fotografiar los acontecimientos continuaron con su trabajo, según los abogados.
