Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Blanca se defiende

Dar el nombre de Blanca Ibáñez a una plaza de un barrio de Caracas provocó una pequeña tormenta política en mayo de 1986 y obligó a salir a la palestra a la secretaria privada de la Presidencia. Una concejala del partido socialcristiano (COPEI), Céfora Contreras, argumentó sobre la denominación de la plaza que "esto nunca había ocurrido en este país. Por muy loables y respetables que hayan sido las gestiones de la señora Blanca Ibáñez en pro de la comunidad, no se puede entender que a un sitio público se le otorgue un nombre así como así".Blanca Ibáñez replicó con una extensa nota de prensa en la que decía: "Debo hablar porque no cabe la menor duda, por lo artificial, que ese planteamiento forma parte de toda una programación que se viene desarrollando en relación con mi persona desde hace varios meses".

Más adelante argumentó la secretaria de la presidencia que "me siento obligada a decir que nunca he tomado para mí tareas que no me correspondían, ni utilizado mis posiciones para promover personalmente o para ejercicios indebidos. Puede cualquier investigador acucioso averiguar mi trayectoria simple y clara".

Concluyó Ibáñez que "acaso estaría más tranquila en mi casa con mis hijos y con mis libros, pero siento que debo seguir, al coste que sea, cumpliendo mi deber social. Las comunidades pobres pueden seguir contando conmigo. Lo demás no me inquieta".

El presidente, por su parte, continúa casado con su esposa legal, Gladys Castillo, con quien tiene cinco hijos de entre 25 y 37 años. El pasado 18 de diciembre Lusinchi intentó divorciarse de su esposa. La tentativa de divorcio presidencial tuvo un mal final.

El presidente quiso acogerse al artículo 185 del Código Civil, que concede el divorcio cuando los cónyuges llevan más de cinco años separados y existe de hecho una ruptura de la vida en común. El precepto legal otorga el divorcio casi automático cuando los cónyuges están de acuerdo, pero la esposa de Lusinchi se opuso con el argumento de que "durante los últimos cinco años no ha habido suspensión de la vida conyugal por haber cumplido con los derechos y deberes inherentes al matrimonio".

El juez no admitió los argumentos de Lusinchi y, "en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara sin lugar la solicitud de divorcio".

Pocos días más tarde, fotocopias con el texto del fallo judicial y el alegato del presidente se vendían por las calles de Caracas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 19 de julio de 1987