Enseñanzas del pasado

Cuando se conocen los datos de un 80% de los convenios firmados este año, es necesario recordar el marco en el que se ha desarrollado todo el proceso de negociación, con la finalidad de valorar correctamente los resultados y también sacar conclusiones sobre lo acontecido en este complejo proceso.En primer lugar, se trata de situar en sus justos términos los motivos por los que no fue posible alcanzar un acuerdo marco de referencia para este proceso, para, seguidamente, analizar los resultados finales conocidos.

Nos tenemos que remontar para ello al mes de septiembre de 1986, cuando el Gobierno llamó a los agentes sociales para preparar los Presupuestos Generales del Estado, en donde se fijaba una previsión de inflación para 1987 del 4%.

Fue en ese momento cuando le planteamos al Gobierno que dicha previsión no era realista ni ajustada al necesario impulso económico iniciado en el país, dado que, para conseguir una reducción de inflación tan notoria, sería necesario continuar con la política monetarista y de ajuste duro mantenida en los últimos años y con sus resultados de pérdida de poder adquisitivo e incremento del desempleo.

Ante este posicionamiento claro de UGT, el Gobierno fijó definitivamente la previsión de inflación en un 5%, cifra más realista y acorde con las pretensiones de nuestra organización.

El calor de la controversia

Posteriormente, al calor de la controversia surgida de la negociación colectiva, se ha pretendido relacionar esta aportación de UGT al cuadro macroeconómico como una aceptación implícita de limitar el crecimiento de los salarios en la misma proporción, cuando la realidad es que la previsión de la inflación se ha tomado siempre por esta organización, a la hora de definir su política de negociación colectiva, como una variable más a tener en cuenta y sin primarla sobre otras consideraciones.

Así, una vez que el Gobierno fijó el IPC previsto para este año, expresamos nuestra opinión sobre la banda salarial, situando la inflación prevista del 5% en su parte baja y el 7% en la parte alta.

Con esta medida, UGT garantizaba de nuevo su solidaridad con los planes económicos del Gobierno, ayudando a la contención de la inflación, de forma simultánea que a la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, que, en el peor de los casos y en los sectores más retrasados, verían al menos cubierto el objetivo de una subida salarial igual al incremento del IPC previsto.

Esta filosofía es necesaria porque nuestro país necesita de una política de mayor crecimiento económico y de una mejor redistribución de la renta, no sólo por los sacrificios salarias de años anteriores, sino también porque la incidencia en la economía española de factores como la bajada del dólar, del petróleo, etcétera, configuraban un marco económico más positivo, como lo demuestran los excedentes empresariales que se están dando de manera sostenida.

Nos parecía justo reivindicar, ante esas variables, que cuando se empieza a salir, aunque sea tenuemente, de una situación de crisis económica, sean los sectores que más han contribuido a superarla los primeros en recibir los beneficios que puedan producirse.

Un acuerdo sobre las bases enunciadas no fue posible porque esta filosofía de mantener cuando menos el poder adquisitivo, y para ello poner el IPC previsto en la parte baja de la banda, no fue asumida en su momento por el Ministerio de Economía, que vuelve a propugnar un año más situarlo en la parte media de la banda, esto es, entre el 4% y el 6%, argumentando para ello que no sería posible controlar la inflación si no se limitaban los incrementos salariales.

Además, a esta evidente discrepancia de criterios entre el Ministerio de Economía y UGT se sumó la posición,que mantuvo la CEOE al centrar sus objetivos no tanto en los aspectos salariales, sino en una reducción de las cuotas a la Seguridad Social y en conseguir la flexibilidad laboral.

Dentro de este marco, los empresarios se encuentran con el apoyo inesperado de que no solamente pueden luchar por la rebaja de cuotas a la Seguridad Social y por la flexibilidad laboral, que es lo que más les interesa, sino que en los temas salariales es el propio ministerio el que está defendiendo una política a la baja, con lo que cuentan con un aliado que no es suyo, pero que tiene un enorme peso, como es el propio Gobierno, y es entonces cuando comienzan las declaraciones de los responsables de la patronal CEOE sobre un pulso entre la familia socialista.

Es en ese contexto, cuando el acuerdo se hace inviable al no aceptar el ministerio la filosofía de renta de UGT y los empresarios insistir en sus pretensiones sobre cuotas de la Seguridad Social y flexibilidad, al mismo tiempo que se amparan en el paraguas del Gobierno en los temas salariales y, por tanto, UGT, vencidos ya los plazos para iniciar la negociación colectiva, fija sus propias posiciones para la negociación de los convenios en 1987.

Esta posición tuvo en cuenta las dificultades que se producen en la negociación colectiva cuando no hay un marco de referencia y conquistas concretas, como cláusulas de revisión según el IPC, y que son más difíciles de conseguir al negociar por sectores y empresa a empresa, y fijó la defensa salarial en un 7% para el conjunto de los convenios.

El desarrollo posterior de los hechos ha puesto de manifiesto que la negociación colectiva se está situando dentro de los parámetros defendidos por «UGT, esto es, entre el 5%, y el 7%, y, según las previsiones actuales, se situará finalmente sobre el 6,8%, incluyendo a la empresa pública, a pesar de su dependencia del INI y, por tanto, del propio Gobierno.

Ganar o perder

La conclusión, por tanto, de esta realidad es que las tesis mantenidas por el sindicato se han impuesto con toda claridad ante las posiciones defendidas tanto por Economía como por la CEOE. Este hecho tiene una importancia histórica, pues es la primera vez que en la nueva etapa democrática se ha conseguido superar los topes salaria les dictados por un Gobierno. Recordar al respecto la ley dictada por Abril Martorell en su etapa de ministro de Economía y la situación, parecida a la actual, creada por Boyer en el año 1984.

La segunda conclusión es que estos incrementos salariales no están impidiendo que el Gobierno controle la inflación prevista en el 5%, imponiéndose, por tanto, la opinión de UGT, cuando en su día argumentábamos que los Gobiernos tienen todos los mecanismos sobrados para controlar la inflación por vías que no sean unicamente la contención salarial.

Por consiguiente, el empecinamiento político mantenido por el ministro de Economía, que llevó a la imposibilidad de un acuerdo social, sólo ha tenido factores negativos por los costes sociales que han tenido lugar. Entre los costes hay que citar como grave la pérdida del diálogo social entre el Gobierno y los sindicatos, que ha inducido, a su vez, a un deterioro de las relaciones laborales entre los propios sindicatos y los empresarios, con todo lo que eso conlleva de negativo para el desarrollo armónico de las relaciones industriales de este país, que tanto trabajo había costado conseguir en los últimos siete años. Este hecho ha derivado en una conflictividad traducida en jornadas laborales perdidas por conflictos de huelgas, que, han supuesto más del doble, o cerca del triple, a la de años anteriores, con repercusiones negativas para la propia situación económica del mundo del trabajo y del país.

Estas derivaciones de la política salarial del Ministerio de Economía deberán ser analizadas en profundidad por el Gobierno para delimitar responsabilidades, que siempre es conveniente cuando se genera una situación negativa para la economía del país, para el desarrollo social del Estado y para los propios trabajadores.

En UGT queremos creer que esas responsabilidades se encuentran en Economía. Y ya no se trata de pedir la dimisión de un ministro que a su vez hubiera evitado problemas, sino de pensar que hay que comenzar de nuevo a sentar las bases sociales adecuadas para negociar los Presupuestos de 1988, que condicionarán, a su vez, la concertación, y esta tarea deben emprenderla las personas adecuadas después de reconocerse mutuamente la capacidad de interlocución.

Por último, señalar que no han sido sólo los trabajadores, sino el conjunto de la sociedad, la que ha respaldado las tesis que ha defendido UGT y que al final se han impuesto en este proceso. Esta constatación, unida a la demostración de que sindicalmente hay capacidad para realizar análisis económicos alternativos, es la que nos permite definir objetivos y calificar interlocutores, y viene a demostrar que no es posible realizar políticas económicas sin el respaldo del sindicato.

El temor que actualmente manifestamos en UGT es que el proceso vivido no haya servido de ejemplo y se produzca un empecinamiento de la situación en el próximo período y con los mismos nombres, lo que signifícaría defraudar las expectativas del conjunto de los trabajadores y las secuelas de pérdida de credibilidad que ello conlleva.