El error y el horror

SEGÚN UN informe publicado por el diario Deia hace cuatro años, entre 1977 y 1983 se contabilizaron 33 personas muertas y 160 heridas por errores circunstanciales de ETA. O sea, una de cada 10 personas asesinadas por ETA lo había sido por error. La organización terrorista difundió, 24 horas después de la matanza del hipermercado de Barcelona, un comunicado en el que reconoce, "de modo acorde con nuestra trayectoria de honestidad", que la "operación" había constituido "un grave error". En el escrito, redactado con el peculiar estilo autolaudatorio de estos orates sanguinarios, se aprovecha el viaje para rechazar las condenas de los "partidos reformistas" y para lavarse las manos respecto a la "responsabilidad concreta" de los efectos de la operación, achacables a "los poderes fácticos", que se habrían negado a desalojar el hipermercado a fin de propiciar "fría y expresamente la muerte de inocentes para luego instrumentalizar la repulsa popular en el marco de sus planes contra ETA". En parecidos términos se ha expresado HB, que, tras manifestar "su más enérgica crítica a este tipo de atentados que conllevan un alto riesgo para la población civil", acusa a la empresa y a la policía de "haber provocado con su silencio una tragedia evitable".La distinción entre unos atentados que serían asumibles y otros dudosos, según que los muertos y heridos lleven uniforme o no, resulta moralmente inaceptable. Pero además hace tiempo que ETA franqueó la barrera entre lo que los propios terroristas consideran atentados selectivos" y aquellos otros "indiscriminados" o que "conllevan un alto riesgo para la población civil". La téc nica del coche bomba, mediante la que se consigue el máximo efecto mortífero con el mínimo riesgo pa ra los activistas, supone aceptar el principio de que no existen víctimas inocentes, o más bien que no por serlo dejan de ser víctimas necesarias. Así lo demuestra la siniestra estadística de los últimos años, plagada de asesinatos de personas culpables de pasar por allí, pero también la Enea argumerital de los portavoces de ETA cuando, tras cada nuevo error, advierten a la población civil de que debe abstenerse de circular por las inmediaciones, de lugrares definidos por esos dementes estrategas corho "objetivos militares de nuestra organización". Los errores fórman parte sustancial de toda estrategia terrorista, cuyo fin específico de amedrentar a la población se cumple sólo en la medida en que sus acciones son indiscriminadas y arbitrarias. Cuando se coloca un explosivo en un supermercado se está invocando al azar como única garantía contra la existencia de "graves accidentes" como el de Barcelona.

Es obvio, por lo demás, que la responsabilidad del atentado resulta exclusiva de los asesin os. Eso no quiere decir, empero, que puedan hurtarse críticas a la impericia policial o a la rutina con que se comprueban a veces las amenazas. Preocupa que tras el antecedente de Tarragona no se adoptaran medidas preventivas mayores, incluyendo el desalojo inmediato del centro ante el aviso recibido. Pero, aldaba sobre aldaba, la torpeza es aún, mayor si se considera la argumentación de la policía, según la cual fue la oposición del director de la empresa el motivo de que no se llevase a efecto el previsto desalojo. Que nosotros sepamos, son el Gobierno y las fuerzas de orden público los que dirigen la lucha antiterrorista, todavía no encomendada al gerente de alguna tienda. No hay duda, a la vista de la legislación española, de, que, en caso de grave riesgo para las personas o bienes, las autoridades están obligadas a asumir la responsabilidad en la adopción de las medidas necesarias, supeditándose a esa obligación derechos, como el de propiedad u otros que pudieran invocarse para tratar de impedir la acción gubernativa. Es cierto que la proliferación de amenazas de colocación de bombas en lugares muy concurridos hace difícil delimitar la frontera entre la seguridad y la provocación de una, alarma permanente que paralice la vida ciudadana. Pero las circunstancias del caso, la reiteración de las Ramadas y el antecedente de Tarragona aconsejaban la adopción de medidas excepcionales, siendo irrelevante la opinión personal del director del hipermercado, que, por lo demás, y según éste, no fue solicitada. Que la responsabilidad política se pretenda sacudir ahora a base de descargarla sobre los mismos ciudadanos víctimas de la acción terrorista es todo un sarcasmo. Y sólo lleva al convencimiento, preocupantemente extendido ya en la sociedad española, de que la única manera de proteger la propia seguridad es contratando agentes de seguridad privados.