La policía, al loro

DE TIEMPO en tiempo, quienes tienen la responsabilidad del orden público en este país sorprenden a los ciudadanos con el montaje de llamativas operaciones especiales de dudosa legalidad y de resultado casi nulo respecto del objetivo de frenar la escalada de delincuencia callejera que se cierne sobre las grandes aglomeraciones urbanas. El paradigma más reciente de esta forma de actuación fue la llamada operación Primavera, en la que no quedó claro si su finalidad fue realmente la de prevenir efizcamente la comisión de hechos delictivos o la puramente propagandística de tranquilizar a la opinión pública a través de su filmación en directo por las cámaras de Televisión Española.Ahora, los responsables del orden público se han sacado de la manga otras operaciones de este tipo, como es la que se encubre bajo el nombre de operación Loro. Si se trata de encontrar denominaciones originales, no cabe duda que hay que conceder una gran dosis de imaginación a los responsables de la policía española. Pero, desgraciadamente, los problemas que plantea el actual nivel de inseguridad ciudadana no se resuelven en absoluto con denominaciones más o menos cosméticas. Precisamente, su proliferación y el evidente tratamiento propagandístico con se presentan ante la ciudadanía llevan a pensar que, en parte al menos, no son sino sustitutivos de la eficaz labor policial que se echa en falta no sólo en la prevención de las acciones delictivas, sino en el posterior descubrimiento de sus autores. No es un invento, sino una pura constación de los hechos, el que la impunidad sea cada vez más una de las causas que explican el incremento del tipo de delincuencia que más alarma social produce, como son los asaltos callejeros con armas blancas y el pequeño tráfico de drogas.

Es evidente que el problema de la inseguridad ciudadana en las sociedades desarrolladas es sumamente complejo y de difícil solución. Es un asunto, además, que compete a todas las instituciones del Estado, sin que sea privativo de ninguna de ellas en particular. Pero con ser ello cierto, no lo es menos que es responsabilidad principal del Gobierno y de las fuerzas policiales que están a sus órdenes. Trasladar las responsabilidades propias a los jueces, cuando no a las leyes o la supuesta falta de efectivos y medios, no es de recibo. Ni los jueces españoles son más benignos que sus colegas de otros paises, ni las leyes penales españolas más blandas, ni los efectivos policiales inferiores a lo que es la media en los países europeos. Pero aunque ello fuera verdad, no justificaría la insuficiente preparación profesional de que dan muestra amplios contingentes policiales en las tareas de prevención del delito en sociedades abiertas como la actual española. La consecuencia de ello es la impunidad no sólo en la fase de investigación policial del delito, sino también en la judicial por la ausencia de pruebas.