El tribunal vasco resuelve el 'caso Yoldi' sin consultar al Tribunal Constitucional,
Mañana se hará pública la sentencia del pleno de la Audiencia Territorial de Bilbao que juzgó, durante las dos últimas semanas, al parlamentario de Herri Batasuna (HB) Juan Carlos Yoldi y a otros cuatro acusados de delitos terroristas relacionados con ETA. El pleno superó las diferencias de criterio existentes entre los 11 magistrados que lo integran durante la deliberación de casi siete horas que mantuvo el sábado pasado, al término de la vista oral. La decisión, adoptada por unanimidad, obvia el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad solicitada por la defensa de los procesados y sentencia el caso.
Aunque no se conoce el contenido del fallo, es muy probable que rebajará de forma sustancial, para los procesados que resulten condenados, las penas solicitadas por el fiscal. Consultado ayer por este periódico el presidente del tribunal, Juan Bautista Pardo, declinó cualquier información sobre el contenido de la sentencia e incluso, inicialmente, manifestó que todavía no se puede adelantar si la resolución que mañana se hará pública adoptará la forma de un auto -caso de iniciarse los trámites para el posible planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad- o de una sentencia.La sentencia, a la que no se formularán votos particulares dado el consenso unánime existente, fue deliberada el sábado, a partir de las 15 horas, ininterrumpidamente hasta aproximadamente las 22 horas. Durante los tres últimos días, el magistrado ponente, Segundo Menéndez, se ha dedicado a la elaboración de la sentencia, que se espera supere los 40 folios. Para esta tarde han sido convocados los auxiliares que mecanografiarán la resolución, a los que se ha advertido que probablemente su trabajo se prorrogue hasta la madrugada.
En todo caso, está previsto que la sentencia sea notificada mañana a las partes y, a conti nuación, Pardo comunicará telefónicamente la resolución al pre sidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Antonio Hernández Gil. Seguidamente, se fa cilitará a los medios de comunicación social.
El delito de terrorismo
Según fuentes jurídicas, no judi ciales, el tribunal superior de jus ticia de la comunidad autónoma vasca en funciones eludirá el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad solicitada por la defensa, mediante la no aplicación del artículo 8 de la ley Antiterrorista, que tipifica el Hamado delito de terrorismo. El letrado Iñigo Iruín consideró que tal artículo, que establece una fuerte agravación de las penas para acciones delictivas cometi das por integrantes de bandas ar madas, "cualquiera que sea el resultado producido", viola la Constitución.Iruín citó en su exposición ante el tribunal el trabajo de la profesora Carmen Lamarca, pu blicado por el Ministerio de Justicia, bajo el títilo Tratamientojurídico del terrorismo. Siguiendo a esta autora, el letrado señaló que el artículo 8 de la ley Antiterrorista impone una pena mínima -de 10 a 12 años para delitos, como en este caso, de dañosen función de que los cometen una categoría de ciudadanos, al margen del resultado producido. Iruín argumentó que si el fallo del tribunal depende de la validez de este artículo, sería procedente el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad "antes de que el Gobierno incorpore este precepto al Código Penal".
El artículo 35 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional prevé que "cuando un juez o tribunal, de oficio o a instancia de parte, considere que una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión al Tribunal Constitucional...". El pleno de la Audiencia Territorial de Bilbao, según las fuentes antes citadas, ha obviado el planteamiento de la cuestión porque no ha considerado aplicable el artículo 8 de la ley Antiterrorista.
Con esta decisión, el tribunal ha abandonado el relato del fiscal, quien consideró aplicable dicho artículo tanto a la colocación de un artefacto explosivo en un taller Renault, como al ametrallamiento de un camión con coches de la niÍsma marca francesa y a la colocación de dos artefactos en la estación de Beasaín -imputados a Juan Carlos Yoldi y José María Lizárraga-, y solicitó 11 años de cárcel por cada uno de estos delitos.
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