Archivada una denuncia contra la policía por supuesta falsificación de un parte medico
El titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid, José María Vázquez Honrubia, ha archivado definitivamente, por falta de pruebas, la denuncia presentada por el sacerdote Enrique de Castro, promotor de la Coordinadora de Barrios, en relación con la supuesta falsificación de un parte médico en la comisaría de Entrevías. El centro policial estaba dirigido hasta hace unos meses por el comisario Sebastián Fernández Dopico.
La denuncia, presentada en 1985, iba dirigida genéricamente contra la policía, por la presunta falsificación de un parte médico correspondiente a Juan Antonio Siera, un joven del barrio de Entrevías que, según Enrique de Castro, sufrió malos tratos en la comisaría del distrito cuando fue detenido.Enrique de Castro se presentó entonces en la comisaría para ver personalmente al joven en presencia del comisario Fernández Dopico. Según la versión del sacerdote, Juan Antonio Sierra "tenía varias heridas en la cara y marcas de porras en la espalda, pero el parte médico sólo decía erosión en un dedo y contusión en el codo".
Por este motivo, el promotor de la Coordinadora de Barrios consiguió un parte médico de la casa de socorro, en el que se reflejaban las lesiones sufridas por Juan Antonio Sierra. Posteriormente presentó la denuncia contra la policía.
Falta de pruebas
El juez José María Vázquez Honrubia ha estimado que no existen pruebas que demuestren que en comisaría se falsificó el parte médico, ya que la casa de socorro en la que debió quedar constancia del segundo informe facultativo sufrió unas inundaciones en las que resultó afectado el archivo de los documentos.
Palabra contra palabra
De esta forma, sin pruebas, era la palabra de uno contra la del otro, según indicaron las citadas fuentes, por lo que la querella fue archivada.Este sobreseimiento, que es definitivo, puesto que no ha habido recurso, incidirá también en la querella presentada por el comisario Fernández Dopico contra Enrique de Castro por injurias y calumnias. El comisario pidió en la querella una indemnización de tres millones de pesetas, que, según indicó su abogado, Alfonso Serrano, es una cantidad simbólica que irá destinada a alguna institución benéfica.
