La segunda reconversión

UNA DE las características esenciales de la vida industrial de cualquier país moderno consiste en el nacimiento y la desaparición continua de empresas. Es algo tan simple que no merecería la pena recordarlo si no fuera por la tremenda resistencia al cambio de la sociedad española y por su tendencia a convivir con la eternidad, lo cual dificulta considerablemente la evolución de sus estructuras. La idea misma de evolución aplicada a la especie humana ha estado ausente de los manuales escolares hasta hace muy poco.Tal vez sea esto lo que explique el concepto, en sí mismo discutible, de una reconversión industrial concebida como un proceso de ajuste acotado en el tiempo. Se creyó que tres años, .unos cuantos planes de viabilidad y algunos cientos de miles de millones de pesetas bastarían para asegurar la competitividad de los sectores objeto de reconversión. En el camino debían quedar, inevitablemente, algunas decenas de miles de puestos de trabajo, imposibles de mantener.

El paso del tiempo ha demostrado que las cosas no son tan fáciles como parecía y que una parte de los instrumentos diseñados para hacer frente a los problemas no ha funcionado con arreglo a las previsiones iniciales. En ocasiones, los planes de viabilidad adolecían de optimismo: tal es el caso del sector de la construcción naval, donde la caída de la demanda ha sido bastante más pronunciada que lo que se previó en un principio; algunos astilleros españoles tienen vacía su cartera de pedidos, por lo que su futuro parece más que comprometido. En la siderurgia, la aplicación de las reglas de la Comunidad Económica del Carbón y el Acero (CECA) y la sustitución progresiva del acero en los procesos de producción agravan una situación ya de por sí complicada. Y así sucesivamente. Una buena parte de los problemas de los sectores básicos se debe a la megalomanía de algunos tecnócratas del régimen anterior, empeñados en hacer de España la décima potencia industrial del mundo a cualquier precio, y también a la curiosa actitud de nacionalizar las pérdidas de aquellos empresarios que, bien vistos por el franquismo, no supieron organizar adecuadamente sus empresas. Pero los desastres del pasado no deben servir de excusa para los problemas del presente.

En algunos casos, como los fondos de promoción de empleo, el optimismo de la Administración fue excesivo. La idea inicial era interesante: se trataba de utilizar el dinero de las indemnizaciones de despido para promover nuevas empresas, lo cual se combinaba con la idea de suspensión -y no rescisión- de los contratos de trabajo. Lo que ha sucedido es que un buen número de empresas en reconversión sigue sin alcanzar un nivel mínimo de rentabilidad sin que tampoco se hayan creado puestos de trabajo alternativos en cantidad suficiente; de ahí que la idea de una segunda reconversión industrial, cuyo coste en términos de empleo se evalúa en unos 30.000 puestos de trabajo, haya sido violentamente rechazada en las zonas afectadas.

La dificultad esencial consiste en la ausencia de iniciativas en aquellas zonas españolas donde las empresas que han dejado de ser competitivas son las únicas capaces de proponer empleo. Es esto lo único que puede justificar la protección de los colectivos de trabajo afectados, infinitamente superior a las condiciones que rigen y se aplican a los trabajadores de las empresas privadas del resto de las zonas industriales del país.

Lo importante a medio plazo es asegurar la competitividad del mayor número posible de empresas, y esto no se consigue mediante costosas reconversiones. Se trata de un proceso continuo en el que el papel del sector público debe consistir en crear las condiciones necesarias para que aparezcan nuevas empresas desde la iniciativa privada; es la mejor manera de asegurar la modernización del aparato productivo español. Y la más barata.