La CE autoriza a España a restringir hasta fin de año las importaciones de vídeos japoneses y coreanos

La Comisión Europea ha autorizado a España a limitar, hasta el 31 de diciembre de 1987, las importaciones de "aparatos para el registro o la reproducción de imágenes o de sonido de televisión" (vídeos o magnestoscopios) que tengan su procedencia en Japón y Corea del Sur y que son despachados en libre práctica en el resto de países comunitarios. La Comisión, en una decisión del 12 de mayo, estima así la solicitud española, presentada el 29 de abril, que argumentaba que tales importaciones perjudican "sensiblemente la naciente producción española", cuya cuota de mercado podría desaparecer.

Bajo el Tratado de Adhesión, el Gobierno español negoció con la Comunidad Europea un período transitorio hasta 1992 que le excluía de cumplimentar la normativa comunitaria sobre libre importación de aparatos para registro o la reproducción de imágenes o sonido en televisión que, procedentes de terceros países, eran comercializados libremente en el resto de la CE. España argumentó en su día que la naciente industria electrónica necesitaba protección a fin de garantizarse, al final del período transitorio, una cuota del mercado nacional (reserva del mercado, en jerga comunitaria) que se estimó podría estar en torno al 20%.En su solicitud de medidas de protección, justificada bajo el artículo 115 del Tratado de Roma, el Ministerio de Economía y Hacienda, a través de la Dirección General de Comercio Exterior, señalaba que "las importaciones en libre práctica (de estos aparatos) disminuyeron sensiblemente esa reserva de mercado", que pasó del 26,5% en 1985 a 9,45% en 1986. "En los meses transcurridos de 1987", continúa la comunicación española, 1as importaciones en libre práctica autorizadas suponen el 42,74% de las posibilidades de importación directa (incluyendo las de la CE) y sumadas a las solicitudes pendientes alcanzarían el 67,32%.

Para el Gobierno español, está claro que "de realizarse todas las importaciones en libres prácticas autorizadas y pendientes es evidente el riesgo de desaparición de la pequeña cuota de mercado reservada a la producción nacional que no puede competir en precio con los productos de importación".

Pérdida de cuota

El consumo de vídeos y material de sonido de televisión ha crecido en España de 24.345 millones en 1985 a 31.736 millones de pesetas en 1986. De estas cifras, la producción nacional cubrió sólo 6.484 millones en 1985, disminuyendo a unos 3.000 millones de pesetas en 1986. Para fuentes oficiosas, las previsiones durante este año tendrían que ser modificadas a la baja, sobre los 4.727 millones previstos, si se hubiese mantenido la tendencia importadora de terceros países, fundamentalmente de Japón y Corea del Sur. Según documentos oficiales, la clave de esta tendencia se encuentra en el precio del producto, que era de 45.000 pesetas para los nacionales frente a las 39.000 pesetas para los importados de terceros países.

La decisión comunitaria, que va firmada por el comisario Willy de Clerq, excluye de las restricciones autorizadas un valor de 2.125 millones de pesetas, que tendrán que repartirse entre las solicitudes de importación que "se encuentren en trámite regular en la fecha de la presente decisión".

El mercado español de vídeo está repartido, a grandes rasgos, por dos sectores de compañías (productoras bajo licencia, comercializadoras o meras importadoras) que se alinean en sendas asociaciones o grupos empresariales: la Asociación Nacional de Industrias Informáticas y Electrónicas (Aniel) y la Asociación de Representantes Importadores de Aparatos de Reproducción de Imagen y Sonido (Ariris). La primera engloba a firmas japonesas, norteamericanas y europeas como Sony, Sanyo, Philipl, ITT o Pioneer, mientras que la segunda abarca a otras como Interinvest, Telvisa, Hitachi o Eure.

La limitación de las importaciones solicitada y obtenida por el Ministerio de Economía y Hacienda ha provocado un virulento cruce de imputaciones entre estas dos asociaciones, que se acusan mutuamente de discriminación y prácticas desleales de competencia. Algunas empresas fabricantes en España acusan a los importadores de utilizar bases de exportación en países comunitarios como Portugal para, con unos costes más bajos, obtener ventajas comerciales en el mercado español en detrimento de la industria local.

La asociación de importadores Ariris pone en duda la existencia de una "verdadera industria nacional" del vídeo y acusa a estas firmas de ser unos simples comercializadores, o meros talleres de ensamblaje, de productos fabricados en el exterior.