Los requisitos para que las empresas reciban ayudas Públicas podrán demostrarse después de ser concedidas

El Ministerio de Administraciones Públicas ha iniciado un programa de inspección de los centros administrativos que gestionan las inversiones públicas y de agilización de los incentivos a la actividad económica del sector privado con el objetivo de eliminar los cuellos de botella que se producen en ambas actuaciones administrativas. Estos programas estarán concluidos a finales de este año y se tomarán como base para adoptar una serie de medidas, entre ellas la posibilidad de que la demostración de los requisitos exigidos para recibir ayudas públicas -unos 218.000 millones de pesetas anuales- se demuestren una vez concedidas.

En el primer caso se trata de verificar los problemas por los que se produce un desfase presupuestario que hace que no se .agoten las inversiones públicas al final de cada ejercicio y que en el grado de ejecución presupuestaria se concentre el 21% para la primera mitad del año y el 78% al final del ejercicio. En el segundo se pretende agilizar el proceso de concesión de ayudas al sector privado.Los problemas observados en cuanto a inversiones públicas son, en primer lugar, una deficiente presupuestación y una escasa información práctica de los presupuestos del Estado. También afecta negativamente la inexistencia de servicios especializados que las cantidades presupuestadas son insuficientes para las inversiones que se quieren realizar, lo cual obliga a acudir a ampliaciones, de una tramitación lenta, y, por último, que los proyectos de inversión son de una calidad deficiente y no se ajustan en muchas ocasiones a la realidad.

Los organismos que se van a inspeccionar son las direcciones generales de Carreteras, de Obras Hidráulicas, de Infraestructura del Transporte y de Aviación Civil, y los siguientes organismos autónomos: Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar y el -IRYDA, así como el Icona y Aeropuertos Nacionales.

Comisión de expertos

Además se va a crear una comisión de expertos en legislación de contratos del Estado, que estará formada por representantes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, la Intervención General de la Administración del Estado, la Dirección General del Patrimonio, del Estado, la Dirección General de Presupuestos y de los ministerios de Defensa y Obras Públicas. Respecto al programa de agilización de los incentivos a la actividad económica del sector privado, se trata de elaborar una radiografía exacta de las ayudas públicas a la iniciativa privada y descubrir las trabas que se producen en éste proceso.El marco de las ayudas que actualmente se conceden están muy dispersas en los distintos departamentos ministeriales y forman una maraña en la que las empresas que no cuentan con gabinetes técnicos especializados se pierden.

En una primera aproximación se ha observado que, de los 218.000 millones de pesetas que el Estado destina a incentivar la iniciativa privada, el 78% corresponde a los ministerios de Obras Públicas; Industria y Energía; Agricultura, Pesca y Alimentación, y Trabajo y Seguridad Social.